Que no te lo cuenten.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, emitió subpoenas al municipio de Huntington, en Long Island, exigiendo registros de sus elecciones de 2025. El motivo: una abuela de 83 años, María Delgado, apareció en la boleta como candidata a supervisora municipal por el Working Families Party y aseguró que no tenía «ni idea» de que estaba postulada.
Delgado obtuvo más de 1.100 votos —alrededor del 3% del total— suficientes para que el candidato republicano Ed Smyth derrotara al demócrata Cooper Macco por apenas 418 votos, según los registros finales de la Junta Electoral del Condado de Suffolk. Los demócratas acusaron de inmediato que Delgado fue «plantada» por republicanos para fracturar su voto a través del Working Families Party.
El caso tiene todas las capas de una novela corta. Cuando los periodistas la abordaron tras la elección, Delgado soltó una carcajada, preguntó si era una broma y dijo estar «estupefacta» de aparecer en la boleta. Días después, un hombre en su domicilio ofreció una versión radicalmente distinta: «Ella se postuló, perdió, y estoy orgulloso de ella». Sin dar su nombre, entró a la casa y no añadió más.
El Working Families Party sostuvo que Delgado se hizo con la línea partidista en una primaria con el respaldo de un grupo de republicanos que habrían cambiado su registro para inclinar la balanza. Los republicanos del municipio rechazaron esas acusaciones calificándolas de «giro post-electoral y uvas amargas».
Lo que sí consta en registros públicos: el empleado municipal listado como testigo en la petición de candidatura de Delgado no ha vivido en la dirección declarada en Greenlawn durante al menos cuatro años. La familia que reside allí actualmente afirmó que nunca firmó ningún documento.
El municipio, por su parte, informó que coopera plenamente con la fiscalía.
Aquí está el principio en juego, y es uno de los más básicos de una democracia funcional: la integridad del proceso electoral no es negociable, sin importar quién gane. Si hubo manipulación de registros partidistas o falsificación de firmas en una petición oficial, eso no es «estrategia política» —es fraude. Y si la investigación confirma que un empleado municipal facilitó la maniobra, el aparato estatal local tiene una explicación pendiente con los contribuyentes de Huntington. La doble vara es sencilla: los mismos que hoy exigen transparencia han de aplicarla también cuando el beneficiado sea el suyo.
