Tennessee iba a ejecutar a Christa Pike este miércoles, pero una corte de apelaciones suspendió la inyección letal una hora antes del procedimiento.
Pike, de 50 años, fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en enero de 1995 cuando tenía 18 años. El proceso estaba previsto en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville.
Según los expedientes citados por las coberturas disponibles, Pike y su novio fueron declarados culpables de apuñalar y golpear a Slemmer. En otra versión del caso, también se indicó que actuó junto a Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson. Slemmer tenía 19 años y era compañera de clase en un programa de formación laboral.
El Tribunal de Apelaciones del 6º Circuito suspendió la ejecución por votación de 2-1, después de revisar los argumentos presentados por la defensa. La medida frenó el procedimiento justo cuando la pena iba a concretarse.
Pike envió una carta a NBC en la que afirmó: «No tengo miedo de morir. Me den o no clemencia, me siento en paz». También dijo que solo estaba «nerviosa por el proceso».
Sus abogados pidieron al más alto tribunal de Estados Unidos que detuviera la ejecución. Argumentaron, entre otras cosas, que Pike sufrió abusos físicos y sexuales desde la infancia y que padece trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó el último intento de clemencia.
El caso también reavivó una pregunta incómoda para el sistema penal: por qué el Estado insiste en una pena irreversible después de casi 30 años en el corredor de la muerte. De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Tennessee no ejecutaba a ninguna mujer desde 1820.
A nivel nacional, solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976. Eso representa alrededor del 1% de todas las ejecuciones, según el mismo centro. En ese mismo periodo, 1 mil 641 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos.
Otra vez la doble vara. El aparato estatal se presenta como custodio de la justicia, pero termina defendiendo una maquinaria que castiga con una sentencia final después de décadas de espera. Eso no fortalece el orden: exhibe una burocracia capaz de estirar el castigo hasta volverlo espectáculo.
Que no te lo cuenten. El punto no es simpatizar con el crimen; el punto es que una sociedad seria debe preguntarse si el Estado debe conservar el poder de matar cuando ya pasaron casi tres décadas, cuando la discusión está llena de atenuantes y cuando la pena se convierte en una victoria administrativa más que en justicia.
