La Comisión de Aplicación de la Ley de Texas notificó el 9 de septiembre al alcalde Dennis Haws que revocaba la licencia de Trinidad para operar su propio departamento de policía. Los investigadores concluyeron que la agencia «failed to meet minimum standards» y que «was unable to provide evidence that the agency provides public benefit to the community».
La decisión llega meses después de que ese departamento de cinco agentes quedara en el centro de una polémica nacional. En mayo, los oficiales arrestaron a Jennifer Combs y la dejaron en la cárcel durante la noche por una publicación en Facebook sobre el suministro de agua de Trinidad.
Combs escribió que había visto reportes de personas hospitalizadas tras beber el agua de la ciudad. La policía le imputó delito grave por falsa alarma o reporte, con el argumento de que el mensaje había creado «fear, panic, or unnecessary emergency response within a community». Después, un gran jurado del condado de Henderson se negó a acusarla y el cargo fue retirado.
El 21 de abril, la ciudad había emitido un aviso para que los vecinos hirvieran el agua y evitaran «harmful bacteria», según la cobertura citada en la disputa. Una investigación separada de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas encontró después problemas en el suministro, que funcionarios locales dijeron que pensaban corregir.
La actuación del departamento siguió bajo escrutinio. Al día siguiente del arresto de Combs, la policía detuvo a Winston Noles después de que se paró frente al Ayuntamiento con un cartel crítico. Lo acusaron de conducta desordenada menor. También se retiró ese cargo.
El jefe Charles Gregory, que defendió el arresto de Combs y llamó al caso «cut and dry», renunció en junio, según el New York Post. Antes había dicho al Concejo de Trinidad que no tenía «nothing to hide» respecto de las detenciones.
Tras su salida, el juez que aprobó la orden de registro en el caso de Combs cuestionó la «accuracy, completeness, and reliability» de la información que los agentes presentaron. Luego, la oficina del fiscal de distrito del condado de Henderson anunció en agosto que dejaría de aceptar casos del departamento de Trinidad.
La investigación estatal fue más allá de los arrestos. Halló que el departamento carecía de 18 políticas obligatorias, incluidas normas sobre conducta profesional, uso de la fuerza, persecuciones vehiculares y situaciones de tirador activo. También determinó que no podía demostrar beneficio público para la comunidad.
El caso deja una lección incómoda para cualquiera que crea en el estado de derecho. Cuando una burocracia local castiga a ciudadanos por hablar y luego no puede sostener sus propios estándares mínimos, el problema no es el vecino que pregunta. Es el aparato que se creyó intocable.
Otra vez la doble vara: mano dura para el ciudadano, indulgencia para la incompetencia oficial. Que no te lo cuenten. Aquí no cayó una opinión incómoda. Cayó un departamento que, según el estado, no podía probar ni que servía al público ni que respetaba las reglas básicas.
