Texas ejecutó el miércoles a Jamaal Howard, de 46 años, después de que la Corte Suprema rechazó frenar la medida sin explicación. Howard fue declarado muerto a las 8:03 p.m., según las fuentes, luego de recibir una dosis letal de pentobarbital en la prisión estatal de Huntsville.
Howard había sido condenado a muerte por el asesinato de Vickie Swartout, de 42 años, durante un robo en una tienda de conveniencia en Silsbee, Texas, en 2000. Las fuentes señalan que Howard tenía 20 años al momento del crimen y que también tomó $114 de la caja registradora.
La defensa pidió detener la ejecución por la reciente y fallida inyección letal aplicada a Christa Pike en Tennessee. Sus abogados advirtieron que Texas planeaba usar el mismo medicamento, pentobarbital, y que eso podía implicar riesgos similares. También sostuvieron ante la Corte Suprema que la ejecución debía frenarse porque Howard era intelectualmente discapacitado, pero el estado respondió que no habían presentado evidencia suficiente para cumplir los criterios legales.
Los tribunales de Texas ya habían rechazado dos solicitudes para suspender la pena. El gobernador Greg Abbott tampoco concedió una demora de 30 días solicitada por la defensa para obtener más información sobre el fármaco.
Según Associated Press, cuando el pentobarbital empezó a hacer efecto, Howard dio un par de respiraciones, jadeó, luego hizo sonidos de ronquido y tosió. Después, esos sonidos se fueron apagando hasta que sus movimientos cesaron por completo, alrededor de 30 segundos más tarde. Fue declarado muerto 19 minutos después.
Howard también pidió perdón a la familia de Swartout antes de la ejecución, de acuerdo con BBC. Dijo: «Espero que acepten mi disculpa, y espero su perdón». Añadió: «Lo siento por lo que pasó».
Que no te lo cuenten: aquí hubo un estado decidido a seguir adelante con una ejecución pese a dudas sobre el mismo químico que ya había terminado en un fiasco en Tennessee. La burocracia judicial cerró filas y dejó pasar la hora final sin responder a la preocupación de fondo.
El caso vuelve a poner sobre la mesa algo elemental: cuando el aparato estatal aplica la pena máxima, no puede esconderse detrás de la rutina ni de la inercia. Si va a ejercer ese poder, debe hacerlo con estándares impecables. Otra vez la doble vara: enorme severidad para matar, mínima transparencia cuando surgen preguntas incómodas.
