La policía de Charlotte-Mecklenburg respondió el 1 de mayo a una llamada al 911 después de que Thomaz Kenon Hamilton, de 24 años, reportara que su novia, Isabella Mary Alexandria Stroupe, de 19, estaba inconsciente dentro de un apartamento al este de Charlotte, Carolina del Norte. Cuando los agentes llegaron, Stroupe ya estaba muerta.
Lo que encontraron adentro no fue un accidente. Según una declaración jurada citada por WBTV, Stroupe llevaba «ropa mínima» y estaba atada a una cama con una correa de remolque. Los investigadores documentaron múltiples lesiones traumáticas: huesos rotos y fracturados, además de heridas de arma blanca. La muerte fue clasificada como homicidio.
Hamilton declaró a los investigadores que la pareja mantenía relaciones sexuales cuando ella sufrió un paro cardíaco. Las autoridades determinaron que la evidencia era inconsistente con esa versión.
Entre las pruebas recuperadas figuran un cuchillo con manchas de sangre envuelto en celofán, una espada, un bate de béisbol, múltiples teléfonos celulares, ropa con posibles rastros de sangre y un colchón ensangrentado.
La declaración jurada concluye que «Stroupe fue torturada durante un período de varios meses y que físicamente era incapaz de otorgar consentimiento para el acto sexual». El 5 de mayo, Hamilton fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado y violación.
La familia de Stroupe abrió una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral. Su hermana la describió como «una devoradora de libros» que amaba la fanficción y compartía historias con quienes la rodeaban. «Recordar su pasión por los libros y la felicidad que traía hace esta pérdida aún más difícil», escribió.
Este caso es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando el horror se instala en silencio dentro de cuatro paredes. No hay ideología que explique ni justifique la violencia sistemática contra una persona; hay un presunto agresor con nombre y apellido, cargos formales y un sistema de justicia que ahora debe responder a la altura del crimen. La familia de Isabella merece respuestas, y el proceso penal, que siga su curso sin dilaciones ni atenuantes.
