El voto por correo vuelve a ser campo de batalla. Un tribunal de apelaciones rechazó la petición del Departamento de Justicia para implementar la reforma electoral de Donald Trump antes de las elecciones legislativas de noviembre. El fallo de un juez de Boston queda vigente.
Ese juez declaró «inconstitucionalmente nulas» varias secciones de la orden ejecutiva de Trump. También prohibió a las agencias federales hacer cumplir la directiva en una veintena de estados y el Distrito de Columbia. El panel de tres jueces del Primer Circuito no lo detuvo.
Dos de los tres jueces, Gustavo Gelpí y Julie Rikelman, fueron designados por Joe Biden. Concluyeron que los estados demandantes presentaron pruebas suficientes de perjuicio. El tercer juez, Joshua Dunlap, designado por Trump, disintió parcialmente. Habría permitido que el Departamento de Seguridad Nacional preparara una lista de votantes ciudadanos como guía para los estados.
La orden ejecutiva también instruía al Servicio Postal a renovar el diseño del correo electoral. Y le exigía coordinar con los estados las listas de residentes aptos para recibir boletas. Los estados demandantes argumentaron que eso convertiría ilegalmente al servicio postal en un «regulador electoral».
El Gobierno sostiene que las medidas son salvaguardias contra el fraude. Los demócratas y organizaciones electorales las califican de interferencia ilegal en la gestión estatal de las elecciones. Una docena de fiscales generales republicanos intervino en apoyo de la orden presidencial.
El Departamento de Justicia ya advirtió que llevará la pelea al Tribunal Supremo. Hay además una demanda paralela del Comité Nacional Demócrata en Washington. Ahí un juez de distrito se negó en mayo a bloquear la acción ejecutiva, por considerarla prematura. Los demócratas piden al Circuito de DC que intervenga antes de noviembre.
Que no te lo cuenten. Lo que está en juego no es solo el voto por correo. Es quién controla las reglas del juego electoral. Los republicanos defienden márgenes estrechos en ambas cámaras. Los demócratas mueven cada palanca judicial disponible. El aparato burocrático federal, los tribunales y los estados pelean en simultáneo. El ciudadano de a pie queda atrapado en el medio, sin claridad sobre qué reglas regirán en noviembre. Eso, en sí mismo, ya es un problema.
