El Primer Circuito de Apelaciones de Boston dijo no. El tribunal rechazó el sábado la solicitud del Departamento de Justicia de pausar una orden judicial que bloquea partes clave del decreto ejecutivo de Trump sobre el voto por correo. La decisión fue 2-1.
El decreto, firmado en marzo y titulado «Ensuring Citizenship Verification and Integrity in National Elections», ordenaba tres cosas concretas. Primero: que el Departamento de Seguridad Nacional compilara listas de ciudadanos elegibles para votar y las entregara a cada estado. Segundo: que el Servicio Postal verificara si un voto debía procesarse antes de enviarlo. Tercero: que el Departamento de Justicia investigara y procesara a funcionarios electorales que emitieran boletas a votantes no elegibles.
En junio, la jueza federal Indira Talwani —nombrada por Barack Obama— bloqueó varias de esas disposiciones. Su argumento: Trump no tenía autoridad para ordenar a Seguridad Nacional que compilara esos datos. Veintitrés estados demócratas y el Distrito de Columbia respaldaron esa demanda.
La administración intentó detener ese bloqueo mientras apela. Argumentó que la demanda era prematura. Las agencias involucradas, dijo el DOJ, todavía no habían finalizado las políticas para implementar el decreto. El tribunal no lo compró. La mayoría escribió que los estados demandantes ya enfrentaban plazos electorales inminentes y habían comenzado a prepararse para los cambios. No tenían opción práctica, dijo el fallo, salvo responder al decreto ahora.
El DOJ había advertido antes: si perdía aquí, iría al Supremo en busca de alivio de emergencia. Ese escenario es ahora el más probable. Las elecciones de mitad de período se acercan y el tiempo apremia.
Paralelamente, Trump impulsa en el Congreso la llamada SAVE America Act. La ley prohibiría el voto por correo salvo en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje.
Que no te lo cuenten. Lo que está en juego aquí no es un tecnicismo procesal. Es quién controla las reglas del juego electoral. Una jueza nombrada por Obama bloquea un decreto de integridad electoral. Veintitrés estados gobernados por demócratas corren a los tribunales antes de que el tintero se seque. El aparato judicial actúa como dique. El ciudadano que quiere elecciones verificables queda esperando. El camino al Supremo es la última carta sobre la mesa. Y el reloj corre.
