El martes 28 de julio entró en vigor una nueva regla federal de la administración Trump. La medida permite derivar directamente a jueces migratorios hasta 444.724 solicitudes de asilo pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). El objetivo declarado: reducir en casi un tercio los 1,4 millones de expedientes acumulados en la agencia.
Hasta ahora, quien ingresó legalmente y nunca fue acusado de infracción migratoria podía presentar su caso ante un oficial de asilo capacitado. Ese oficial podía rechazarlo y remitirlo a una corte, o dejar que el trámite siguiera. Con la nueva norma, una parte de esos expedientes pasa directo a los magistrados del Departamento de Justicia, sin ese filtro previo.
La disposición entró en vigor antes de que el público pudiera pronunciarse. USCIS aceptará comentarios y publicará luego una versión final.
Los más de 400.000 casos afectados corresponden principalmente a personas que solicitaron refugio después de permanecer más de un año en Estados Unidos. La ley federal exige presentar la solicitud dentro de los 12 meses posteriores a la llegada. Según funcionarios de la administración, la mayoría de quienes superaron ese plazo no reunía condiciones para obtener una excepción.
El director de USCIS, Edlow, afirmó que durante demasiado tiempo el mecanismo fue usado para «demora y autorización de empleo» en lugar de atender pedidos legítimos de protección. La Casa Blanca también otorgó a los jueces la facultad de desestimar expedientes sin celebrar audiencia.
Abogados migratorios advierten que eso abre la puerta a deportaciones sin que las personas puedan presentar sus argumentos. El abogado Kurzban sostuvo ante The Washington Post que la modificación forma parte de un plan para convertir a personas con estatus legal en indocumentadas. Lo llamó una «máquina de deportación». Estados Unidos integra el Protocolo de la ONU sobre Refugiados de 1967, que prohíbe expulsar a extranjeros hacia territorios donde enfrentan amenazas graves contra sus vidas.
Que no te lo cuenten. El sistema de asilo acumuló 1,4 millones de expedientes. Eso no es un dato menor: es el resultado de años de burocracia que convirtió el proceso en una sala de espera indefinida. Los funcionarios de Trump tienen razón en señalar que las redes de tráfico de migrantes aprendieron a explotar esa demora. El problema real es que el aparato estatal tardó décadas en admitirlo.
El debate de fondo no es si hay que reformar el sistema. Es si esta reforma respeta el debido proceso. Deportar sin audiencia a alguien con estatus legal pendiente es una apuesta arriesgada. Si los tribunales la tumban, el relato de la «máquina eficiente» se cae solo. La administración tiene el diagnóstico correcto. El instrumento, aún por probarse.
