Donald Trump no se guardó nada. En una publicación en Truth Social este miércoles, el presidente preguntó: «¿Alguien tiene idea de cuánto dinero y prestigio le ha costado a nuestra nación el Tribunal Supremo con sus fallos negativos sobre ciudadanía por nacimiento y aranceles?»
Dos derrotas recientes explican la furia. Primero, la Corte falló que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles. Segundo, el tribunal rechazó, en decisión de 5 a 4, la orden ejecutiva de Trump que buscaba limitar la ciudadanía automática por nacimiento.
Esa orden era clara. Establecía que ninguna agencia federal reconocería la ciudadanía estadounidense a personas nacidas de madre en situación migratoria irregular o de presencia temporal, cuando el padre no fuera ciudadano ni residente permanente legal.
La Decimocuarta Enmienda dice otra cosa. Garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense y sujeta a su jurisdicción. El abogado constitucional Mark Smith, exasesor de la transición Trump, lo resumió sin rodeos: la enmienda cubre a los nacidos aquí, incluso de padres en situación irregular. Si el Congreso quiere cambiarlo, es el Congreso quien debe actuar.
Trump, sin embargo, no acepta el cierre del debate. Ya había defendido sus aranceles antes de las elecciones de medio término, asegurando que han hecho «una fortuna» para Estados Unidos. Ahora extiende esa lógica a la ciudadanía: los fallos, dice, tienen un costo que se mide en billones.
La cifra exacta no aparece en ningún documento oficial. Trump la lanzó como acusación, no como dato auditado. Eso importa.
La lectura de Contrafuego. Dos principios chocan aquí. Uno: el texto constitucional manda, y la Corte lo aplicó. Eso no es activismo; es su función. Dos: el debate sobre si la ciudadanía por nacimiento incentiva el llamado «turismo de parto» es legítimo y tiene consecuencias fiscales reales para el contribuyente. Trump tiene razón en señalar el problema. El camino, como apuntó el propio Smith, pasa por el Congreso, no por decreto ejecutivo.
El aparato burocrático que gestiona esa ciudadanía automática no desaparece con un tuit. Desaparece con legislación. Si el presidente quiere resultados duraderos, necesita mayorías, no redes sociales. Que no te lo cuenten de otra manera.
