Donald Trump se pronunció por primera vez sobre las polémicas cámaras Flock, los lectores automáticos de placas vehiculares que proliferan en todo el país. Lo hizo el lunes, tras una pregunta directa de la corresponsal de Daily Caller en la Casa Blanca, Reagan Reese.
«Hay pros y contras», dijo el presidente. «Se está estudiando ahora mismo. Tendremos una respuesta sobre nuestra postura en las próximas semanas.»
La respuesta es, en el mejor de los casos, cautelosa. Y el tiempo que tome importa: mientras la Casa Blanca delibera, las cámaras siguen instalándose.
Qué hacen exactamente estas cámaras
Las cámaras de la empresa Flock Safety capturan, a medida que los vehículos pasan frente a ellas, la placa, la marca, el modelo, el color y rasgos distintivos como calcomanías, pintura personalizada o daños visibles. Toda esa información queda almacenada por Flock en nombre de sus clientes —en su mayoría departamentos de policía— y puede usarse para rastrear e interceptar vehículos vinculados a actividad criminal.
Sus defensores argumentan que salvan vidas y que no representan una amenaza a la libertad, porque los vehículos circulan en espacios públicos y, por tanto, son observables.
Sus críticos no lo ven así.
Una coalición bipartidista que crece
La oposición a las cámaras Flock ha ganado fuerza entre republicanos y demócratas. Los representantes Thomas Massie, Tim Burchett, Anna Paulina Luna, Scott Perry —todos republicanos— y Jesús «Chuy» García, demócrata, han argumentado públicamente contra esta tecnología de vigilancia.
El mes pasado, David Dunmoyer, del Texas Public Policy Foundation, publicó en The Daily Wire una columna en la que calificó las cámaras de «un ataque» a las «libertades constitucionales». Dunmoyer advirtió que la incorporación de inteligencia artificial ha sofisticado el sistema hasta un punto en que los ciudadanos no saben qué «precio» pagarán por esta supuesta seguridad y, según él, «tampoco tienen voz en el asunto».
Lo que está en juego
Esta no es una discusión menor de política tecnológica. Es una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el aparato estatal en nombre de la seguridad antes de que la vigilancia se convierta en control?
Que legisladores republicanos —la bancada que defiende el gobierno limitado y la Cuarta Enmienda— estén del mismo lado que congresistas demócratas dice algo sobre la magnitud del problema. La tecnología avanza más rápido que la ley, y la burocracia policial acumula datos sobre millones de ciudadanos sin que nadie haya votado por ello.
Trump tiene razón en que hay pros y contras. Pero «estudiar el asunto» no es una respuesta cuando las cámaras ya están en las calles. Que no te lo cuenten como si fuera solo un debate técnico: lo que se decide aquí es cuánta privacidad queda en manos del ciudadano y cuánta pasa al Estado.
