Donald Trump convirtió el Escudo de las Américas en una vitrina de poder regional. Y varios gobiernos latinoamericanos de derecha le devolvieron el favor con elogios públicos en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU.
Trump dijo ante la ONU que Estados Unidos usará su «poderío militar sin igual» para defender sus intereses en América Latina. También habló de un «botín» en Venezuela y citó el ataque militar que ordenó en enero para arrestar a Nicolás Maduro.
Después, recibió aplausos de mandatarios de la región. Santiago Peña le dijo que no creía que hubiera un presidente estadounidense que se reuniera más veces con líderes del hemisferio occidental. Keiko Fujimori también respaldó la coalición y aplaudió el liderazgo de Trump.
El mismo grupo, el Escudo de las Américas, se formó en marzo como una coalición de Washington con gobiernos regionales políticamente cercanos contra el crimen organizado. Ese martes, Chile se sumó a la alianza de 15 países, que declararon su voluntad de imponer «sanciones y otras medidas» contra grupos que Trump ha designado como narcoterroristas en América Latina.
Además de Estados Unidos y Chile, la declaración fue aprobada por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
Pero la foto de fuerza tiene una sombra pesada. Desde el año pasado, Trump ha ordenado bombardeos que mataron a más de 220 personas en barcos que presuntamente traficaban drogas en aguas del Caribe y Pacífico, sin exhibir pruebas claras de esto, según lo reportado por la cobertura citada.
Un relator especial de la ONU en derechos humanos sostuvo en un informe que esos ataques «violan el derecho internacional» y «plausiblemente constituyen crímenes de lesa humanidad». Ben Saul también dijo que el Escudo de las Américas promueve una respuesta «altamente centrada en la seguridad» sin compromisos explícitos con los derechos humanos y el derecho internacional.
La doble vara es evidente. Cuando conviene al discurso de orden, abundan los aplausos. Cuando toca rendir cuentas por el uso de la fuerza, aparecen las dudas sobre legalidad, derechos y responsabilidad estatal.
Que no te lo cuenten. Aquí no hay solo una alianza contra el crimen organizado. También hay una derecha regional dispuesta a validar, sin demasiadas preguntas, la expansión del poder de Washington. Y eso deja una lección incómoda: si el Estado se acostumbra a actuar por encima de límites claros, el contribuyente y la ley terminan pagando la factura.
