El Departamento de Educación de Trump anunció el 26 de septiembre nuevas reglas que las universidades deberán seguir al responder a acusaciones de agresión sexual. La advertencia fue directa: si no garantizan trato igualitario para hombres y mujeres, arriesgan sus fondos federales.
La medida llega después de años de disputas sobre los procedimientos universitarios. El texto recuerda que, según la crítica que se ha hecho a esos sistemas, muchos estudiantes acusados terminan ante paneles disciplinarios de campus que favorecen a la denunciante femenina. También señala que, en muchos casos, la acusadora conserva el anonimato, mientras que el acusado queda públicamente identificado.
En la pieza se afirma que esta asimetría se originó con órdenes de Barack Obama en 2011. También se citan casos y decisiones: el recurso de Title IX for All reporta 921 casos, frente a 700 en junio de 2024; este año se presentaron demandas contra Pratt Institute, la University of Rochester, la University of Michigan y la University of Kentucky, entre otras.
La nota también menciona resoluciones previas del propio Departamento de Educación bajo Trump. Según ese recuento, la oficina de derechos civiles encontró que la University of Notre Dame violó el Título IX al no mostrar al acusado las acusaciones específicas y darle menos ayuda que a la denunciante. También concluyó que Ithaca College trató a un estudiante varón «como si se presumiera su culpabilidad» y le ordenó cambiar sus métodos disciplinarios o perder fondos federales.
En 2020, el departamento buscó revisar la normativa del Título IX para asegurar igualdad de trato entre acusador y acusado. Luego, Biden frenó esos esfuerzos y trató de restaurar las iniciativas de la era Obama, según el texto.
Lo que está en juego no es un tecnicismo universitario. Es el principio básico de que nadie debe ser castigado por una burocracia de campus sin garantías mínimas. Cuando una institución pública o privada juega a ser juez, fiscal y jurado, la justicia deja de ser justicia y se convierte en administración ideológica.
Trump vuelve a usar la palanca que más entiende el aparato estatal: el dinero de los contribuyentes. Si las universidades quieren esos fondos, tendrán que respetar el debido proceso. Otra vez la doble vara queda expuesta: para unos, presunción de inocencia; para otros, veredicto anticipado. Que no te lo cuenten.
