La administración Trump dio luz verde a un acuerdo de armas por 2.800 millones de dólares para suministrar a Israel miles de bombas de 2.000 libras, en una expansión relevante de la ayuda militar.
El paquete propuesto incluye 40.000 municiones de una tonelada, divididas por igual entre MK-84 y BLU-117, además de 20.000 ojivas I-2000 Penetrator diseñadas para atravesar tierra, roca y concreto antes de detonar.
El Departamento de Estado presentó la venta para revisión informal del Congreso, pero el secretario de Estado Marco Rubio mantiene autoridad de emergencia para evitar al Capitolio. Para bloquear la transacción se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.
La decisión consolida un giro frente a la era Biden, que había pausado un envío de bombas de 2.000 libras destinado a Israel. La nueva administración reactivó rápidamente ese cargamento al asumir y luego aprobó una transferencia inicial de 2.700 millones de dólares en armas.
John Spencer, presidente de Estudios de Guerra Urbana en el Modern War Institute de West Point, dijo que las bombas de 2.000 libras son herramientas tácticas vitales y no armas indiscriminadamente destructivas. También sostuvo que están pensadas para objetivos militares fuertemente fortificados.
Spencer afirmó además que Hamas en Gaza y Hezbollah en el sur de Líbano han construido amplias redes subterráneas durante décadas, en algunos casos a 200 pies bajo zonas densamente pobladas. Según su análisis, municiones más pequeñas carecen de la fuerza cinética y de penetración necesarias para derribar esos búnkeres o alcanzar objetivos de alto valor.
Otro argumento de Spencer es que restringir el acceso de un ejército a bombas pesadas en combates urbanos no reduce el daño civil. A su juicio, suele prolongar las operaciones y volverlas más destructivas.
El punto de fondo es simple: Washington está poniendo capacidad militar sobre la mesa y dejando claro que no quiere atar a Israel a una burocracia incapaz de entender la guerra subterránea moderna. Que no te lo cuenten: cuando el aparato estatal decide cuándo un aliado puede defenderse, el costo político recae en la libertad de acción, la disuasión y la seguridad.
Otra vez la doble vara. En nombre de la prudencia, la izquierda institucional suele convertir la defensa en un trámite, mientras exige resultados perfectos a quienes enfrentan terroristas atrincherados. Aquí no hay poesía diplomática: hay poder, munición y una señal estratégica que beneficia a quien quiere ganar y perjudica a quien prefiere la parálisis.
