Donald Trump anunció el sábado en Truth Social que había «just approved new Fuel Economy Standards». La administración prevé comunicar formalmente el cambio el lunes, según Sean Duffy.
La medida recorta las exigencias federales de consumo para autos nuevos y camionetas ligeras. Bajo la administración Biden, las automotrices enfrentaban un estándar de 50.4 miles per gallon; una propuesta emitida en diciembre habría bajado el requisito a un promedio de 34.5 miles per gallon para autos y camionetas ligeras en el año modelo 2031, según las fuentes.
Trump sostiene que el giro ayudará a los estadounidenses porque recortará «thousands of dollars» del precio de los autos nuevos. En otra publicación, dijo que las nuevas reglas «TERMINATE» lo que llamó el «EV mandate» de Biden y que quitarán «the waste out of building cars in America».
Al Jazeera agrega que, bajo las reglas finalizadas por Biden en 2024, el consumo promedio de la flota debía subir de 39.1 miles per gallon a cerca de 50.4 miles per gallon en 2031. También recuerda que el Congreso, controlado por los republicanos, recortó el año pasado los incentivos al consumidor para vehículos eléctricos.
La decisión también toca a California. Según nypost.com, el estado llevaba años empujando reglas más duras para la contaminación automotriz y promoviendo los vehículos eléctricos. La misma fuente dice que el Congreso bloqueó la capacidad del estado de fijar sus propios límites más estrictos sobre emisiones de autos.
En el frente del mercado, el retroceso deja más libertad para fabricar vehículos a gasolina. Washington Examiner dice que Trump presentó la medida como una victoria para trabajadores y consumidores, y que varias automotrices «want to build here».
Pero hay una verdad incómoda que el relato oficial no borra: cuando el aparato regulatorio afloja, gana margen la libre empresa; cuando aprieta, el costo termina pasando por la cadena productiva y, al final, por el bolsillo del comprador. Que no te lo cuenten.
Otra vez la doble vara: se vende como alivio al consumidor, pero también como una licencia más amplia para que la industria apueste por camionetas y SUV más grandes, que suelen dar mayores ganancias de corto plazo. El debate real no es solo sobre clima o tecnología; es sobre quién decide qué puede comprar y fabricar el ciudadano, y cuánto poder conserva la burocracia para imponerle su modelo.
