Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva para ampliar el acceso al diésel exento de impuestos, en una jugada que busca contener el impacto del alza del combustible antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El precio del diésel alcanzó el mes pasado un récord de alrededor de 6,50 dólares por galón. Ese nivel representa un riesgo político para Trump, porque está en juego el control del Congreso y el Partido Republicano mantiene hoy una estrecha mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes.
Según la orden publicada por la Casa Blanca, el secretario del Tesoro deberá, en consulta con el jefe del Pentágono, «diferir el pago del impuesto especial federal impuesto por el uso en carretera de combustible diésel teñido durante el resto del año sin intereses ni penalizaciones». Además, deberá explorar vías para eliminar la obligación de pagar los impuestos diferidos.
Trump dijo durante un acto en Nebraska que la directiva permitirá eliminar el requisito de uso fuera de carretera para acceder al diésel teñido de rojo. Ese combustible es utilizado por el sector agrícola y por algunos vehículos todoterreno. También afirmó: «No vamos a necesitarlo por mucho tiempo, espero».
El texto oficial ordena además al secretario de Agricultura que «garantice el acceso de los agricultores al diésel teñido en las zonas de alta demanda». Y pide al secretario de Transporte, Sean Duffy, coordinar con los estados, representantes de la industria y organizaciones laborales para facilitar el acceso.
Los precios del diésel subieron como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y de la invasión rusa de Ucrania. Ambos conflictos provocaron ataques contra refinerías en Medio Oriente y Rusia. La semana pasada, los países del G7 anunciaron que liberarían 100 millones de barriles de diésel después de la presión de Donald Trump.
El relato se cayó solo. Cuando el combustible clave para transportar mercancías se dispara, la burocracia descubre de golpe la urgencia de aliviar impuestos y trabas. No es un gesto menor: es la admisión de que el costo de vida pega primero sobre quienes producen, transportan y trabajan.
Otra vez la doble vara. El aparato estatal puede endurecer reglas cuando conviene al discurso, pero afloja en silencio cuando la presión electoral aprieta. Que no te lo cuenten. Aquí el debate real es quién paga la cuenta: el contribuyente, el agricultor y la logística, o una clase política que llega tarde y reacciona por conveniencia.
