Los terremotos del 24 de junio que sacudieron la costa venezolana no son solo una tragedia humanitaria. Son la primera gran prueba de fuego para la administración Trump en su improbable rol como gestora de facto del Estado venezolano.
Las cifras hablan solas. Las Naciones Unidas estiman daños a la infraestructura por unos 37 mil millones de dólares, equivalentes a aproximadamente un tercio de la producción económica anual de Venezuela. Investigadores de la Universidad Estatal de Oregón calculan que 69.000 edificios resultaron dañados o destruidos en comunidades costeras como Catia La Mar. Más de 5.000 personas murieron. Miles duermen en estadios de béisbol y en la calle.
El Wall Street Journal reporta que Washington afirma controlar ahora los miles de millones de dólares en ingresos petroleros y las finanzas estatales de Venezuela, situación que se produjo tras la captura de Nicolás Maduro por comandos estadounidenses en enero. Eso coloca a la administración Trump en el centro de cualquier esfuerzo de reconstrucción, lo quiera o no.
El secretario de Estado Marco Rubio prometió una «respuesta integral» tras los sismos. En menos de un mes, el Departamento de Estado afirma haber entregado 386 millones de dólares en ayuda, una cifra superior a la proporcionada a otros países afectados por terremotos recientes, según el propio Departamento de Estado, y esto después de que Washington desmantelara su principal agencia de ayuda exterior el año pasado.
Soldados estadounidenses han evaluado daños, supervisado reparaciones de aeropuertos y distribuido ayuda humanitaria. El Departamento de Estado indicó el 8 de julio que planifica labores de reconstrucción con funcionarios venezolanos que «deben ser rápidas, seguras y basadas en la evaluación de riesgos».
Del lado venezolano, Delcy Rodríguez —a quien la administración Trump considera fundamental para sus planes de estabilización— ya enfrenta críticas severas por las labores de búsqueda y rescate. Un albañil llamado Danny Muñoz, que rescató el cuerpo de su hijastra embarazada entre los escombros, lo resumió sin rodeos: «Estamos en manos de Dios, y también de los estadounidenses. Nadie más puede salvarnos ahora».
Aquí es donde el ángulo estratégico se vuelve incómodo para cualquier defensor del gobierno limitado. La apuesta de Trump en Venezuela partió de una lógica de libre mercado: abrir las mayores reservas de petróleo del mundo y vastos yacimientos minerales a inversionistas estadounidenses. La ecuación era atractiva. Pero los terremotos reconfiguraron el tablero: ahora Washington no solo negocia concesiones petroleras, sino que administra una reconstrucción de escala bíblica con dinero que, en última instancia, sale del aparato estatal.
El principio sigue siendo válido —Venezuela necesita inversión privada y estabilidad jurídica, no décadas de asistencialismo— pero la ejecución exige que la reconstrucción sea un puente hacia el mercado, no un nuevo programa de gasto sin rendición de cuentas. La burocracia siempre encuentra la manera de convertir una emergencia en una dependencia permanente. Que no te lo cuenten.
