Donald Trump declaró «prioridad número uno» del Partido Republicano la aprobación de la ley SAVE America antes de las elecciones de medio mandato. La norma exige presentar prueba de ciudadanía estadounidense y un documento de identidad con foto para votar.
La Cámara de Representantes ya la aprobó. El problema está en el Senado. Lleva atascada desde marzo. No alcanzó los 60 votos necesarios porque los demócratas la bloquearon en bloque. Los republicanos buscan ahora colarla dentro de una norma presupuestaria.
Trump no espera con paciencia. Ha presionado a sus propios legisladores en mensajes públicos. También dejó de firmar leyes importantes, incluida una de vivienda, como castigo a los rezagados de su partido. Y dio un discurso a la nación agitando de nuevo las dudas sobre el fraude electoral de 2020, que según la fuente sigue sin demostrarse.
La polémica tiene una paradoja visible. Una encuesta del Pew Research Center reveló que el 83 por ciento de los encuestados apoya exigir identificación oficial con foto para votar. Aun así, la propuesta genera resistencia institucional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nunca tuvo un documento de identidad nacional. Las vías de identificación actuales son el permiso de conducir, el pasaporte, la partida de nacimiento o la tarjeta del seguro social. Ninguna es perfecta. El pasaporte no lo tiene la mitad del país: unos 146 millones de personas, según datos del Departamento de Estado.
Los críticos apuntan a efectos concretos. Devon Ombres, director sénior de política jurídica del Center of American Progress, afirmó a EFE que la ley «podría impedir que millones de estadounidenses ejerzan su derecho al voto». Señala que prohíbe el registro por correo o en línea. Hoy solo el 6 por ciento de los estadounidenses se registra en persona en oficinas del condado. El resto lo hace de forma automática, en línea o por correo. También advierte que 69 millones de mujeres casadas no tienen actas de nacimiento que coincidan con su nombre legal actual.
Sobre el fraude que justifica la norma, los datos son modestos. La Heritage Foundation, organización conservadora, registra apenas 1.100 casos en todo el país a lo largo de décadas. El Brennan Center encontró 30 casos de posible voto de no ciudadanos en 23,5 millones de votos emitidos en 2016.
Que no te lo cuenten. La izquierda lleva años repitiendo que pedir identificación para votar es «supresión». El 83 por ciento de los encuestados dice lo contrario. La pregunta real no es si hay fraude masivo hoy. Es si un sistema sin verificación básica puede garantizar que no lo habrá mañana. Eso es lo que está en juego. Los demócratas bloquean la norma en el Senado no porque sea inconstitucional, sino porque cambia el tablero electoral. Y Trump, con sus métodos de presión, lo sabe. El relato se cayó solo: exigir documentos para votar es lo mismo que exigirlos para abrir una cuenta bancaria o subir a un avión. Solo en las urnas parece inaceptable.
