Donald Trump declaró la ley SAVE America su «prioridad número uno» republicana y presiona al Congreso con todas las herramientas a su alcance: mensajes públicos, retención de firmas en leyes de vivienda y un discurso a la nación en el que volvió a agitar las dudas sobre el proceso electoral de 2020.
El proyecto exige presentar prueba de ciudadanía estadounidense y un documento de identidad con foto para votar. Aprobado en la Cámara de Representantes, lleva atascado en el Senado desde marzo: no alcanza los 60 votos necesarios ante el bloqueo demócrata. Los republicanos intentan ahora rescatarlo incluyéndolo en una norma presupuestaria.
Los números no mienten: una encuesta del Pew Research Center reveló que el 83% de los encuestados apoya exigir identificación oficial con fotografía para votar. No es una posición extrema. Es el sentido común de la mayoría.
El argumento demócrata, sin embargo, apunta a la arquitectura real del sistema. Estados Unidos carece de documento nacional de identidad. Las vías de identificación disponibles son el permiso de conducir —que también pueden obtener inmigrantes—, el pasaporte —que según el Departamento de Estado no tienen unos 146 millones de estadounidenses—, la partida de nacimiento —que muchos no conservan— y la tarjeta de seguridad social, que no lleva foto. Cada uno de los 50 estados fija sus propias reglas: 36 exigen documento con foto; 14, más Washington D.C., admiten alternativas como una declaración jurada.
Devon Ombres, director sénior de política jurídica del Center of American Progress, afirmó a EFE que «no es un proyecto de ley de identificación de votantes, sino de supresión del voto». Señaló además que la ley prohíbe el registro por correo o en línea, obligando a hacerlo en persona, cuando actualmente solo el 6% de los estadounidenses se registra en oficinas del condado. También advirtió sobre el impacto en los 69 millones de mujeres casadas cuyas actas de nacimiento no coinciden con su nombre legal actual.
En el otro lado del debate, la Heritage Foundation —organización conservadora— registra apenas 1.100 casos de fraude electoral en todo el país a lo largo de décadas, incluyendo 99 casos de no ciudadanos votando. Un estudio del Brennan Center sobre las elecciones de 2016 en 42 jurisdicciones encontró 30 casos de posible voto de no ciudadanos sobre un total de 23,5 millones de votos emitidos.
A poco más de tres meses de las elecciones de medio mandato, el pulso sigue abierto.
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Contrafuego lo dice claro: que el 83% de los ciudadanos apoye identificarse para votar y que eso sea «polémico» revela hasta qué punto el relato progresista ha capturado el debate institucional. Ninguna democracia seria del mundo considera que pedir prueba de ciudadanía para ejercer el sufragio es un ataque a los derechos civiles.
El problema real no es la exigencia —razonable, mayoritaria— sino la ausencia histórica de un documento de identidad nacional en Estados Unidos. Eso es lo que el aparato demócrata no quiere resolver, porque la opacidad del sistema les conviene. Trump tiene razón en el principio. La batalla ahora es si el Senado tendrá el coraje de decirlo en voz alta.
