El gobierno federal de Estados Unidos dejó expirar este viernes el contrato que financiaba la representación legal de unos 20.000 menores migrantes no acompañados bajo custodia federal. El acuerdo sostenía una red de casi 100 organizaciones jurídicas que enviaban abogados a los refugios administrados por el gobierno para informar a los niños sobre sus derechos y representarlos ante los tribunales de inmigración. La administración Trump no ha explicado por qué permitió que el contrato venciera.
Sin ese financiamiento, las organizaciones advierten que desconocen qué ocurrirá a partir del lunes: si podrán seguir visitando a los menores bajo custodia y si esos niños tendrán algún tipo de asistencia jurídica. «No sabemos qué ocurrirá con esos niños la próxima semana. No sabemos si tendrán representación legal. El gobierno aún no identificó quién asumirá esa tarea», declaró Melissa López, directora ejecutiva de Estrella El Paso, durante una conferencia de prensa. Su organización representa actualmente a 243 menores no acompañados en el oeste de Texas y Nuevo México.
Las entidades involucradas sostienen que la presencia de abogados dentro de los refugios funcionaba también como mecanismo de supervisión para una población especialmente vulnerable. Sin esa asistencia, advierten, aumentan considerablemente las probabilidades de deportación hacia los países de origen.
Que no te lo cuenten. El debate aquí no es sentimental: es de orden jurídico y de política migratoria. La pregunta legítima es si el Estado tiene obligación de financiar con dinero del contribuyente la representación legal de quienes ingresaron al país de forma irregular —incluso siendo menores—, o si esa función corresponde a la sociedad civil y a los países de origen. La administración Trump, coherente con su postura de reducir el aparato burocrático que rodea la industria del asilo, optó por no renovar el contrato. Es una decisión política con consecuencias reales sobre personas reales, y el gobierno tiene la responsabilidad de explicar qué mecanismo sustituirá al que acaba de eliminar. El silencio no es gestión: es un vacío que alguien —o nadie— tendrá que llenar el lunes por la mañana.
