El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este jueves al estado de Maryland. La acción legal impugna las políticas santuario del estado. Es la demanda número 21 que el gobierno Trump presenta contra este tipo de leyes.
El blanco concreto es la recién aprobada Ley de Confianza Comunitaria. Esa norma restringe la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades federales de inmigración. Según el DOJ, algunos centros de detención ya se han negado a entregar extranjeros indocumentados a la custodia federal. Incluso tras la presentación de una orden de retención rutinaria.
El comunicado del Departamento de Justicia no dejó lugar a interpretaciones: «Los esfuerzos deliberados del estado y de la ciudad por obstruir la aplicación de la ley federal ponen en riesgo a los ciudadanos y contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos».
El fiscal federal Stanley Woodward fue más directo aún. Cuando las jurisdicciones santuario promulgan leyes para proteger a extranjeros indocumentados, dijo, «se silencian las voces de los votantes estadounidenses comunes».
Maryland no está solo. La División Civil del DOJ ha presentado casos similares contra Colorado, Connecticut, Illinois y Nueva York. La orden de Trump es clara: identificar leyes, políticas y prácticas en estados demócratas que bloqueen la cooperación policial con el gobierno federal.
Los estados argumentan que esa cooperación impacta sus presupuestos y erosiona la confianza pública en los agentes. Es el argumento de siempre. La burocracia local prefiere gestionar su relato antes que cumplir la ley federal.
Aquí el principio es simple. La Cláusula de Supremacía existe precisamente para esto. Un estado no puede legislar contra la aplicación de la ley federal. Cuando lo hace, no está protegiendo a nadie. Está eligiendo a quién protege. Y la elección, sistemáticamente, recae sobre quien violó la ley de entrada, no sobre el ciudadano que la respeta.
Veintiún demandas en marcha. El relato del santuario como conquista humanitaria empieza a tener fecha de vencimiento.
