El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este jueves al estado de Maryland. El argumento: sus políticas santuario violan la ley federal de inmigración y contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución.
Es la demanda número 21 de este tipo. Antes cayeron Colorado, Connecticut, Illinois y Nueva York. Maryland se suma a la lista.
La querella apunta directamente a la recién aprobada Ley de Confianza Comunitaria. Esa norma restringe la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades de inmigración federales. Algunos centros de detención, según el DOJ, se han negado a entregar a extranjeros indocumentados a la custodia federal. Eso ocurrió incluso después de presentar una orden de retención rutinaria.
El fiscal federal Stanley Woodward fue directo. Dijo que cuando las jurisdicciones santuario protegen a extranjeros indocumentados de las autoridades federales, «se silencian las voces de los votantes estadounidenses comunes».
El DOJ también advirtió que «los esfuerzos deliberados del estado y de la ciudad por obstruir la aplicación de la ley federal ponen en riesgo a los ciudadanos». La demanda forma parte de una orden del presidente Donald Trump. Esa orden busca identificar leyes y prácticas en estados demócratas que bloqueen la cooperación policial con el gobierno federal.
Los estados involucrados alegan que colaborar con las autoridades migratorias afecta sus presupuestos y la confianza pública en sus agentes.
Que no te lo cuenten. Maryland no protege a su comunidad. Protege a su relato. Mientras el aparato estatal local obstruye órdenes federales, la responsabilidad por lo que ocurra cae sobre los funcionarios que aprobaron esa ley, no sobre Washington.
El principio en juego es simple: ningún estado puede colocarse por encima de la Constitución. La doble vara progresista lleva años exigiendo «respeto institucional» cuando le conviene. Hoy, cuando la institución federal aplica la ley, la llaman amenaza. El relato se cayó solo.
