La administración Trump anunció este viernes la revocación de una norma central de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA). La regla llevaba 50 años vigente. Su eliminación abre los hábitats de fauna amenazada a la tala, la minería y otras actividades comerciales.
El punto clave es la definición de «daño». Hasta ahora, esa definición incluía la modificación o degradación del hábitat cuando se alteraban patrones esenciales de comportamiento animal: reproducción, alimentación, refugio. Esa definición queda anulada.
El secretario del Interior, Doug Burgum, justificó la medida con un argumento directo. «Durante años, las agencias federales abusaron de la ESA para obstaculizar el uso legítimo de la tierra y perjudicar a las familias y empresas estadounidenses», declaró. La Casa Blanca agregó que la norma era obsoleta y que el cambio busca agilizar la aprobación de proyectos.
Los opositores ya anunciaron batalla legal. Kristen Boyles, abogada de Earthjustice, fue tajante: «La norma de la administración Trump carece de todo respaldo, ya sea científico, jurídico o público. Nos veremos con la administración Trump en los tribunales». La organización recordó que en 1995 la Corte Suprema ratificó expresamente que destruir hábitat constituía «daño» bajo la ESA. También señaló que la Casa Blanca ya otorgó a la industria petrolera una exención total de la ley en el Golfo de México, con implicaciones para dos docenas de especies marinas, incluidas ballenas y tortugas.
Los hechos son los hechos. La norma existía. Ahora no existe. Las consecuencias jurídicas las resolverán los tribunales.
Pero el ángulo que importa es otro. Durante medio siglo, una burocracia federal usó la ESA como palanca para bloquear proyectos privados, frenar permisos y encarecer el desarrollo en zonas rurales. Familias, agricultores y empresas pagaron ese costo. La administración Trump llama a eso por su nombre: abuso regulatorio. El libre mercado no es enemigo del medio ambiente. Es enemigo de la regulación sin rendición de cuentas. Si los tribunales determinan que la medida viola la ley, que lo digan. Ese es el camino correcto. No el veto administrativo perpetuo disfrazado de conservación.
