Donald Trump publicó el sábado imágenes generadas por inteligencia artificial de una Casa Blanca convertida en fortaleza aérea, con drones del tamaño de un camión y 28 militares en posición de firmes, todo ello bajo el nombre «DronePort». El mensaje llegó un día después de que un tribunal federal de apelaciones le ordenara detener la construcción del salón de 90,000 pies cuadrados que se levanta sobre los restos del Ala Este.
«Este gran e importantísimo activo militar se asienta sobre el protegido Salón de la Casa Blanca. Provee seguridad nacional para Washington D.C. y protegerá a futuros presidentes», escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
El tribunal de apelaciones falló 2-1 el viernes. Los jueces Patricia Millet —designada por Obama— y Bradley Garcia —designado por Biden— emitieron la opinión mayoritaria. La jueza Neomi Rao, designada por Trump, disintió. El fallo confirmó una resolución previa del juez de distrito Richard Leon, nombrado por George W. Bush.
La mayoría no escatimó palabras: «No tenemos conocimiento de ningún caso en la historia americana en que un presidente, de forma unilateral y usando fondos privados, demoliera partes sustanciales de la Casa Blanca que el Congreso autorizó construir y los contribuyentes pagaron. Hasta ahora». El panel añadió que la decisión de construir «un salón masivo» corresponde al Congreso, no al Ejecutivo.
Según el fallo, Trump demolió el Ala Este completa en apenas tres días, en octubre de 2025, sin consultas previas ni aprobación legislativa. La construcción había comenzado en septiembre de ese año. El proyecto, valuado en 400 millones de dólares, fue financiado con fondos privados y sin supervisión del Congreso.
En mayo, Trump ya había descrito el techo como una plataforma de drones: «Todo el techo está construido para uso militar. Tienen una capacidad masiva de drones. No solo es a prueba de drones; si uno impacta, rebota. Pero también está pensado como puerto de drones para proteger todo Washington».
El presidente calificó el fallo de «horroroso, políticamente motivado e ilegal» y anunció que llevará el caso a la Corte Suprema. El juez León había permitido, como excepción, obras subterráneas de seguridad —búnkeres, refugios, infraestructura militar y médica— y construcción sobre tierra «estrictamente necesaria» para cubrir y proteger dichas instalaciones.
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Que no te lo cuenten. Lo que está en juego aquí no es solo arquitectura ni protocolo histórico: es el límite real entre los poderes del Estado. Trump argumenta seguridad nacional; el tribunal argumenta que el dinero privado no compra carta blanca para demoler lo que el Congreso y los contribuyentes construyeron. Ambos tienen razón en algo, y esa tensión es exactamente la que la separación de poderes existe para resolver —en los tribunales, no en Truth Social.
Lo que sí resulta llamativo es la velocidad: un ala entera de la Casa Blanca, tres días, sin consulta. Independientemente del mérito del proyecto, esa velocidad elude el debate presupuestario y legislativo que cualquier gasto de esa magnitud merece. La Corte Suprema tendrá la última palabra. Hasta entonces, el «DronePort» sigue siendo, ante la ley, una obra parada.
