Donald Trump se dirigió a la nación este jueves. El anuncio fue directo: desclasificación inmediata de documentos de inteligencia sobre las elecciones de 2020.
La cifra central que lanzó es demoledora. Según Trump, «la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia, resultando en la adquisición ilícita de 220 millones de registros de votantes estadounidenses».
No es todo. El mandatario afirmó que el FBI se enteró de la filtración en 2020. Que descubrió datos comprometidos en 18 estados. Y que no se lo comunicó ni al presidente ni al Congreso.
Eso tiene nombre: encubrimiento institucional. Trump lo llamó así sin rodeos. Señaló que «miembros del Estado Profundo trabajan en nuestra agencia de Inteligencia para suprimir y minimizar activamente la información sobre la injerencia electoral de China».
Los documentos desclasificados cubren cinco áreas. Además del robo de registros y el presunto encubrimiento, abordan las vulnerabilidades de las máquinas de votación electrónica. Trump citó al propio gobierno: «Nuestro gobierno sabía desde hace tiempo que estas máquinas son extremadamente vulnerables a los ataques».
El cuarto bloque apunta a Michigan. Según Trump, hay «evidencia de presunto fraude por parte de una operación de registro de votantes a gran escala» en ese estado. Biden ganó Michigan en 2020 por cerca de 145.000 votos.
El quinto eje involucra a no ciudadanos en los padrones. El Departamento de Seguridad Nacional habría identificado aproximadamente 278.000 inscritos sin ciudadanía para votar en elecciones federales. Trump sostuvo que la cifra real es mayor porque «los estados demócratas se negaron a compartir sus archivos electorales».
Hay un dato que matiza el cuadro. Un análisis de la CIA sobre Venezuela, también incluido en la desclasificación, concluye que «no hay evidencia definitiva de fraude electrónico a gran escala» y que ni el gobierno venezolano ni Smartmatic «podían alterar elecciones fuera de Venezuela o en Estados Unidos». El propio documento desclasificado lo dice. Que no te lo cuenten.
Trump instruyó al director del FBI, Kash Patel, a investigar y coordinar con el Departamento de Justicia. También ordenó al DHS notificar a los estados afectados y depurar los padrones. Y aprovechó para exigir al Congreso la aprobación de la Ley SAVE America: prueba de ciudadanía, identificación con foto y restricciones al voto por correo.
Lo que está en juego aquí va más allá de Trump. Si los documentos confirman que el FBI ocultó una filtración masiva a su propio presidente, el problema no es electoral: es institucional. La burocracia que se supone protege la democracia habría trabajado para administrar la información según sus propios intereses. Eso es exactamente lo que los ciudadanos tienen derecho a saber. Y lo que el aparato estatal lleva años negando.
