La administración de Donald Trump puso en marcha una nueva norma para negar la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas del Estado y puedan convertirse en una carga pública.
La guía amplía los criterios que pueden considerar los funcionarios de inmigración. Ahora podrán tomar en cuenta más tipos de beneficio público, como asistencia gubernamental en efectivo, vivienda subsidiada, ayuda para estudios, alimentos y ciertos servicios de salud financiados por el gobierno estadounidense.
USCIS explica en su portal que el manual actualizado se alinea con la intención del Congreso de que los extranjeros que residan en Estados Unidos «sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales» financiados por los contribuyentes.
La regulación también permite valorar beneficios usados por familiares —hijos, padres o cónyuges— si el solicitante es responsable de mantenerlos y el beneficio depende de sus ingresos. Además, se evaluarán factores como la edad, el tamaño del hogar, el estado de salud y el historial crediticio del solicitante.
La medida afecta a quienes buscan la residencia permanente por petición familiar o por empleo. No se aplica a solicitudes por asilo, estatus de refugiado, visa U, visa T, VAWA o Estatus de Inmigrante Juvenil Especial.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, alrededor de 588.000 solicitantes son sometidos cada año a evaluaciones relacionadas con la llamada carga pública. El propio DHS calcula que cerca de 950.000 personas podrían abandonar o evitar inscribirse en seis programas de beneficios públicos como consecuencia de la nueva regulación.
La norma revive una política aplicada durante el primer mandato de Trump. En 2019, su administración amplió la definición de carga pública para incluir ciertos beneficios no monetarios; luego fue anulada por un tribunal federal y la administración de Joe Biden la derogó en 2022.
Ahora, varias ciudades y condados, liderados por Nueva York, presentaron una querella para bloquear la nueva norma. También hay demandas de organizaciones defensoras de inmigrantes, que advierten un posible efecto disuasorio entre familias con hijos ciudadanos estadounidenses.
La pelea de fondo no es técnica. Es política y fiscal. Trump empuja una lógica simple: si alguien quiere quedarse de forma permanente, debe demostrar que puede sostenerse sin recargar al aparato estatal. Esa es la parte que incomoda a la burocracia progresista y a quienes viven de expandir beneficios sin límite.
Otra vez la doble vara: el relato de «derechos» tropieza cuando alguien pregunta quién paga la cuenta. Aquí la cuenta la pagan los contribuyentes, y el nuevo choque será si el Estado premia la autosuficiencia o sigue incentivando dependencia.
