La administración Trump anunció sanciones ampliadas contra la Corte Penal Internacional (CPI), en una escalada significativa de su intento de desmontar lo que considera una institución «rogue».
Marco Rubio dijo que las medidas incluyen una prohibición para que entidades estadounidenses hagan transacciones con la CPI. Según Rubio, el objetivo es defender la soberanía de Estados Unidos y responder a los intentos del tribunal de perseguir a ciudadanos estadounidenses.
Rubio afirmó que Washington busca «cripplar» la capacidad de operación financiera de la corte. También dijo que el mensaje es claro: Estados Unidos y su gente no están sujetos a la jurisdicción de la CPI.
La BBC señaló que las sanciones están diseñadas para afectar la capacidad financiera del tribunal y que Estados Unidos ya había dado un plazo de gracia de seis meses antes de que parte de las nuevas medidas entre en vigor. Ese margen, dijo Washington, existe para permitir negociaciones sobre una solución a las objeciones estadounidenses.
La CPI respondió que las sanciones son un «assault on the rule of law» y que no se dejará intimidar. El tribunal sostuvo que la medida busca interrumpir su trabajo y presionar a quienes cooperan con él.
La BBC también informó que el Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón y los Países Bajos reafirmaron su apoyo a la CPI. Antonio Guterres calificó la decisión estadounidense como un duro golpe al esfuerzo colectivo por la justicia penal internacional.
La corte fue fundada en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, y cuenta con 125 países miembros. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma. Rubio insistió en que ni la CPI ni sus Estados parte han tomado pasos significativos para atender las preocupaciones de Washington.
En el fondo, la discusión no es solo jurídica: es una pelea por soberanía, control político y límites al poder de una burocracia internacional que pretende imponerse sobre naciones que nunca le cedieron ese derecho. Cuando un gobierno decide proteger a sus ciudadanos y a sus tropas de una corte que no reconoce, el mensaje es claro: primero la soberanía, después el activismo globalista.
Y conviene decirlo sin rodeos: aquí el costo político y financiero lo asume el aparato estatal internacional, no el contribuyente estadounidense. Otra vez la doble vara. A unos se les exige obedecer tribunales lejanos; a otros, defender su propio orden constitucional. Que no te lo cuenten.
