Donald Trump no da la batalla por terminada. Tras el fallo del Tribunal Supremo que confirmó la ciudadanía por nacimiento como derecho constitucional, el presidente publicó en Truth Social que pedirá «inmediatamente» una nueva audiencia al máximo tribunal. «Esta miscarriage of justice destruirá América si no cambian su decisión absolutamente insana», escribió.
La orden ejecutiva que Trump firmó el 20 de enero de 2025 buscaba eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes ilegales o de personas con visas temporales. El Supremo la tumbó: la mayoría, con el presidente del tribunal John Roberts a la cabeza, sostuvo que la 14.ª Enmienda extiende la ciudadanía a «toda persona libre nacida en este país». El fallo no dejó margen de maniobra.
El contexto que encendió la mecha fue la viralización de imágenes de vallas publicitarias cerca de la frontera sur que anunciaban «paquetes de parto en el sur de Texas» con entregas «desde 4.000 dólares». Trump citó esas imágenes directamente: «Miles de millones de dólares se ganarán ilegalmente con esta estafa, con ciudadanía para cualquiera dispuesto a pagar».
La magnitud del fenómeno sigue siendo debatida. El Procurador General D. John Sauer reconoció que «nadie sabe con certeza» qué tan extendido está el turismo de parto. El Centro de Estudios de Inmigración estima entre 20.000 y 26.000 nacimientos anuales de mujeres que ingresan con visa de turista.
El camino legal es empinado. El Supremo no ha concedido una revisión en un caso ya argumentado desde 1965, y solo se ha revertido a sí mismo en una revisión en una ocasión, en 1957, en un caso sobre corte marcial de civiles estadounidenses en el extranjero.
Trump también señaló que la ley permite que las familias completas de estos nuevos ciudadanos ingresen al país, algo que calificó de «insostenible».
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El relato se cayó solo. Durante años, la izquierda presentó la ciudadanía automática como un derecho sagrado e intocable; ahora vallas publicitarias en México la venden como producto de exportación desde 4.000 dólares. Eso no es un derecho: es una industria que explota una interpretación constitucional para convertir la soberanía en mercancía.
La apuesta de Trump ante el Supremo es larga, sí. Pero el debate ya no es abstracto: hay un sitio web, hay un precio y hay un negocio. Que no te lo cuenten.
