Donald Trump promulgó el 10 de junio la Secure America Act, una legislación que asigna aproximadamente 69.500 millones de dólares adicionales —disponibles hasta septiembre de 2029— para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras dependencias del Departamento de Seguridad Nacional.
La ley contempla recursos para combatir el tráfico de personas, el ingreso de fentanilo y las organizaciones criminales. También incluye fondos para operar en jurisdicciones que no colaboran con autoridades federales, fortalece la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y amplía los acuerdos de cooperación entre el ICE y agencias estatales y locales a través del programa 287(g).
Los números ya hablan solos. En junio, el ICE reportó 43.138 arrestos, la cifra mensual más alta desde el inicio del mandato de Trump. De ese total, 39.563 correspondieron a procedimientos ejecutados directamente por la agencia. Durante los primeros días de julio, tras la aprobación de los fondos, las detenciones superaron las 10.000 en menos de cinco jornadas, con el promedio diario escalando de alrededor de 1.000 a cerca de 2.000 arrestos. Los operativos se extendieron a distintos sectores de Nueva York, inicialmente en Queens y luego en otros condados, enfocados en personas con órdenes de detención pendientes.
El «zar de la frontera», Tom Homan, afirmó que el nuevo financiamiento permitirá mantener ese ritmo operativo. También anunció el uso obligatorio de cámaras corporales durante detenciones vehiculares, medida adoptada tras varias muertes registradas en procedimientos sin registros audiovisuales. «Exoneran a más agentes del orden de los que condenan, y quiero que los oficiales lleven cámaras corporales porque quiero que el pueblo estadounidense vea lo que vieron los agentes cuando actuaron», declaró Homan.
Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en X que el ICE es la «policía privada» de Trump y que el gobierno la utiliza para «aterrorizar a inmigrantes». «Piensen en el horror que causó ICE el verano pasado. Ahora imagina lo que van a hacer con este tipo de financiamiento. Es poco americano», escribió. La Casa Blanca, por su parte, acusó a los demócratas de haber pasado meses bloqueando «fondos cruciales para los valientes hombres y mujeres encargados de proteger nuestra patria».
Aquí está el contraste que Newsom prefiere ignorar: mientras él calibra su retórica para la primaria demócrata de 2028, el dinero de los contribuyentes —el mismo que durante cuatro años financió ciudades santuario y abogados de oficio para inmigrantes ilegales— ahora va a hacer cumplir la ley. La doble vara es perfecta: el aparato estatal es legítimo cuando financia el relato progresista; se convierte en «horror» cuando ejecuta lo que la mayoría votó. Que no te lo cuenten.
