El gobierno de Trump pausó la construcción del muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend, Texas. Lo confirmó el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, en su cuenta de X.
Scott fue directo: «Puse una pausa en toda actividad en ese parque en lo que respecta a la construcción, hasta que pueda llegar allí y hacer una evaluación personal, hablar con algunos interesados, hablar con la policía local en esa área». Sin rodeos. Sin comunicado burocrático.
La suspensión es temporal. El objetivo declarado es evaluar el impacto real antes de continuar. La presión vino de todos lados: críticas bipartidistas, grupos ecologistas y comunidades indígenas.
El 14 de agosto, la agrupación El Pueblo de La Junta para la Preservación y la empresa Far Flung Outdoor Center presentaron una demanda. Según ese documento, la CBP adjudicó un contrato a Fisher Sand & Gravel Company. El plan contempla aproximadamente 62 millas de muro primario en el límite con México.
Las obras incluirían excavaciones profundas, movimientos de tierra, caminos de patrullaje, torres de vigilancia, cámaras con sensores y luces de alta intensidad. Los demandantes sostienen que eso destruiría de forma irreparable el patrimonio arqueológico de comunidades nativas. La tribu Lipan Apache respalda el litigio. Sus representantes nombrados en la demanda son la activista Christina Hernández y el practicante religioso Andrew Austin.
Far Flung Outdoor Center agrega otro argumento: las luces permanentes y el muro arruinarían la experiencia natural que atrae visitantes al río Grande. Sostienen que ninguna compensación económica repara la pérdida de oscuridad y tranquilidad del paisaje.
Los críticos del proyecto señalan, además, que el relieve accidentado de la zona ya funciona como disuasivo natural para el cruce de migrantes.
Contrafuego lo lee así: la pausa de Scott es una señal de que la administración Trump calibra sus batallas. Seguridad fronteriza sí, pero con los costos políticos calculados. Big Bend no es el Río Grande Valley. Es un parque con lobby bipartidista, turismo activo y litigios listos. Ceder terreno aquí no es abandonar la política migratoria; es elegir dónde librar la pelea.
El principio en juego es real: el Estado tiene derecho a asegurar su frontera. Pero también tiene la obligación de hacerlo con criterio. Una evaluación honesta no es debilidad. Es lo mínimo que se le puede pedir al aparato federal antes de mover tierra en un parque nacional.
