Donald Trump canceló el plan del Pentágono para transmitir en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, prevista para el 3 de diciembre de 2026.
Hasan, condenado por matar a 13 personas e herir a 32 en el tiroteo de Fort Hood de 2009, sigue en la lista de ejecución. Pero la transmisión pública quedó fuera: Trump dijo que «este evento no será transmitido» y que las familias inmediatas de las víctimas podrán presenciarla en persona si así lo deciden.
La marcha atrás llegó después de que Pete Hegseth anunciara que el público podría ver la ejecución. La propuesta desató rechazo cruzado. En una encuesta de ABC News citada por Ars Technica, 8 de cada 10 estadounidenses estaban en contra de la retransmisión, incluido un 55 por ciento de republicanos MAGA.
Entre los críticos hubo voces religiosas y familiares de víctimas. Tony Perkins, de Family Research Council, dijo que aunque existe una «base bíblica» para la pena capital, eso no significa que las ejecuciones deban convertirse en espectáculos públicos. La USCCB calificó el plan de «promoción bárbara de una cultura de la muerte».
Del otro lado, Robert Jeffress respaldó la transmisión pública y sostuvo que «cuantas más personas puedan ver esa verdad ilustrada por una ejecución pública, mejor». Franklin Graham también cuestionó la indignación de quienes consumen violencia como entretenimiento, mientras Tucker Carlson advirtió que exhibir la muerte puede alimentar una «sed de sangre».
Alonzo Lunsford, sobreviviente de Fort Hood, saludó el cambio de Trump. Dijo que la ejecución no debía transformarse en «un espectáculo» ni en un evento de «pago por ver», y advirtió que una grabación podría ser usada por ISIS o al-Qaeda como propaganda de reclutamiento.
Julia Wilson, empleada civil en Fort Hood durante el ataque, también rechazó la idea de que otros fueran traumatizados por una transmisión pública. Para los sobrevivientes, la diferencia no es menor: una cosa es justicia; otra, convertirla en contenido.
Y ahí está el punto que la burocracia de Washington volvió a ignorar hasta que explotó la polémica. El Estado tiene autoridad para castigar al culpable, pero no para convertir el castigo en morbo administrado por el aparato público. Cuando la casta intenta vender la violencia como pedagogía, termina acercándose demasiado a aquello que dice condenar.
Trump hizo bien en bajar esa palanca. No cambió la pena ni alteró el fallo: cerró la puerta al circo. Que no te lo cuenten. El relato se cayó solo.
