El miércoles, 17 jueces federales del Distrito Oeste de Washington —todos activos o en retiro— juramentaron a Roger Rogoff como fiscal federal interino de Seattle sin consultar a la administración Trump. Cincuenta y cuatro minutos después, Rogoff recibió un correo electrónico en el lobby de la propia fiscalía informándole que el presidente lo había destituido. Ni siquiera llegó a desempacar.
Rogoff, de 57 años, tiene 20 años como fiscal estatal y seis como fiscal federal, además de una trayectoria como juez del Tribunal Superior del Condado de King. No era un improvisado. Pero tampoco era el candidato de la administración.
El fiscal general interino Todd Blanche lo dejó en claro desde el estrado del Senado —donde se encontraba en plena audiencia de confirmación— con una publicación en X: «Los jueces de distrito pueden nombrar a un fiscal federal temporal, y el presidente puede destituirlos. Los jueces del WDWA abandonaron el proceso de consulta con la administración para garantizar que el candidato esté calificado para servir en la administración. Roger Rogoff ha sido destituido por el presidente».
La vacante existe porque el titular interino anterior, Charles Neil Floyd —preferido de la administración—, cumplió su período de 120 días en febrero sin que el Departamento de Justicia remitiera su nombramiento al Senado. Los jueces, amparándose en la ley que les permite cubrir vacantes prolongadas, actuaron por su cuenta. La administración respondió con la misma velocidad.
No es la primera vez. Según las fuentes, la Casa Blanca ya había terminado con situaciones similares en Virginia y Nueva York, destituyendo a los fiscales James Hundley y Donald Kinsella horas después de su selección judicial.
Rogoff ha contratado un bufete de derecho laboral para explorar sus opciones legales. La senadora demócrata Patty Murray lo calificó de «agenda política corrupta» y afirmó que «el presidente necesita entender que el DOJ trabaja para el pueblo estadounidense». El propio Rogoff dijo al New York Times que el proceso «es inconstitucional» y que destruye la moral y la credibilidad de las fiscalías.
La administración, por su parte, sostiene que la Constitución es inequívoca: el poder ejecutivo reside en el presidente, y la autoridad para remover a cualquier funcionario ejecutivo no está sujeta a revisión.
Que no te lo cuenten. Lo que está en juego aquí no es un nombramiento burocrático de segunda fila: es quién controla la aplicación de la ley federal. Un panel de jueces —no elegidos, no removibles fácilmente— intentó instalar a su propio fiscal en una de las jurisdicciones más ideologizadas del país, saltándose el proceso de consulta que existe precisamente para que el Ejecutivo funcione como una unidad coherente. La Constitución es clara: el poder ejecutivo recae en el presidente. Cuando la burocracia judicial intenta cortocircuitar eso, la respuesta correcta es exactamente la que dio la administración: rápida, legal y sin disculpas.
