Donald Trump anunció que llevará el caso a la Corte Suprema. El motivo: la justicia bloqueó las obras de un salón de baile dentro de la Casa Blanca.
La corte de apelaciones del distrito de Columbia había permitido la construcción mientras se estudiaba el fondo del asunto. Luego cambió de postura. Respaldó el fallo de un tribunal inferior que exige el consentimiento explícito del Congreso para una remodelación de esa magnitud.
El tribunal fue directo. Señaló que el gobierno «no tiene autoridad ilimitada de rediseñar, remodelar o reconstruir la Casa Blanca». También aclaró que el bloqueo no tiene «nada que ver» con la pertinencia del proyecto. El problema es procedimental: Trump arrancó las obras sin aval legislativo.
El precio del proyecto asciende a casi 300 millones de dólares. La superficie cubierta alcanza aproximadamente 8.360 metros cuadrados. Trump lo presentó primero como una necesidad para galas y ceremonias de Estado. Después lo describió como un búnker militar subterráneo.
Trump no aceptó el fallo. Lo calificó de «horrendo, motivado políticamente e ilegal». En sus redes sociales escribió que la decisión es «una amenaza a la seguridad nacional del más alto nivel» y «una vergüenza nacional». Añadió que gran parte de las obras ya fueron realizadas y pagadas.
Ahora el caso sube a la Corte Suprema. Es el siguiente paso lógico para una Casa Blanca que ha convertido cada bloqueo judicial en una batalla política de mayor escala.
Aquí hay dos lecturas posibles. Una: el Congreso tiene razones constitucionales para exigir su voto en obras de esta envergadura. Eso no es activismo judicial; es separación de poderes funcionando. Otra: cuando el Ejecutivo necesita infraestructura de seguridad, los tiempos del debate legislativo no siempre coinciden con los tiempos de la amenaza real.
Lo que sí está claro es el costo. Casi 300 millones de dólares del contribuyente, obras ya iniciadas y un litigio que escala. El relato del búnker necesario choca con la imagen del salón de baile. Esa ambigüedad en la narrativa oficial es, precisamente, el combustible que alimenta a los jueces que bloquean.
