Donald Trump solicitó este martes a la Corte Suprema dejar sin efecto una condena de US$83,3 millones. La indemnización fue fijada en enero de 2024 por un jurado federal. El beneficiario es la escritora E. Jean Carroll, por difamación.
La defensa la presentaron los abogados Robert J. Giuffra y Michael C. Martinich-Sauter. Su argumento central: las declaraciones que originaron el juicio fueron emitidas durante la presidencia de Trump. Por tanto, según la defensa, quedarían amparadas por inmunidad presidencial.
Según consigna Axios, los abogados sostienen que Trump habló en respuesta a consultas de prensa sobre su idoneidad para el cargo. Eso, a su juicio, convierte los comentarios en actos oficiales protegidos constitucionalmente.
El caso tiene historia larga. En 2019, Carroll denunció que Trump la había agredido sexualmente en la década de 1990 en una tienda de Manhattan. Trump negó la acusación públicamente. Cuestionó la credibilidad de Carroll y calificó la denuncia como una invención. Esas declaraciones de 2019 son las que el segundo jurado, en enero de 2024, declaró difamatorias.
Antes de eso, en mayo de 2023, un primer jurado ya había condenado a Trump por abuso sexual y difamación. Esa vez la indemnización fue de US$5 millones, por declaraciones realizadas en 2022. La Corte Suprema rechazó revisar esa apelación en junio pasado. El equipo jurídico de Trump pidió después que esa decisión sea reconsiderada.
La defensa también apelò la condena de US$83,3 millones ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Ese tribunal rechazó el recurso, pero por motivos procesales. No resolvió el fondo del argumento de inmunidad. Por eso los abogados insisten ahora ante el máximo tribunal.
Hasta el cierre de esta nota, la representación legal de Carroll no emitió respuesta pública.
Lo que está en juego va más allá del monto. La defensa advierte que mantener la condena sentaría un precedente peligroso: cualquier presidente podría enfrentar responsabilidad civil por declaraciones realizadas en funciones. Es un debate constitucional real, no solo una maniobra dilatoria.
Pero que no te lo cuenten solo desde un lado. El aparato judicial lleva años procesando a Trump en múltiples frentes simultáneos. La pregunta que importa al ciudadano común es simple: ¿dónde termina el acto oficial y dónde empieza la conducta personal? La Corte Suprema tendrá que responderla. O esquivarla otra vez.
