Donald Trump pidió al Tribunal Supremo que anule la condena de 83 millones de dólares a favor de la escritora E. Jean Carroll. La solicitud se presentó esta semana. El argumento central: la inmunidad presidencial.
Carroll ganó dos juicios contra Trump. Uno por agresión sexual. Otro por difamación. La demanda de injurias arrancó en 2019, cuando Trump la acusó de mentir y de inventarse la acusación para vender su libro.
Los abogados del presidente anclan su petición en el fallo del propio Supremo de 2024. Ese precedente otorgó a Trump una amplia inmunidad frente a procesos penales por actos realizados en el ejercicio del cargo. Ahora quieren extender esa lógica al terreno civil.
«Este es el primer caso en la historia de nuestra nación en el que un tribunal ha impuesto responsabilidad por daños y perjuicios a un presidente por su conducta en el cargo», escribieron sus abogados, según recoge The Washington Post.
La estrategia legal va más lejos todavía. No solo piden anular la compensación. También solicitan que el Supremo decida si la demanda debería dirigirse contra Trump como presidente o contra el Gobierno de Estados Unidos. «Se ha ordenado al presidente pagar casi 100 millones de dólares… por emitir un comunicado de prensa y responder a preguntas de periodistas desde la Casa Blanca», argumentaron ante el tribunal, según CNN.
Trump advierte además que una decisión favorable a Carroll «causaría un daño significativo, no solo a este presidente y a los futuros presidentes, sino también a la nación».
La pregunta que queda sobre la mesa es de fondo constitucional. ¿Puede un presidente ser condenado civilmente por declaraciones hechas desde el Despacho Oval defendiendo su idoneidad para el cargo? El Supremo tendrá que responder.
Lo que está en juego es más que una cifra. Si el tribunal acepta el argumento, consolida una doctrina de inmunidad ejecutiva sin precedente claro en la historia americana. Si lo rechaza, abre la puerta a que cualquier declaración presidencial se convierta en material de litigio civil. Ninguna de las dos salidas es trivial. El relato de Carroll fue el arma política. La respuesta de Trump, el detonador legal. Ahora el Supremo decide quién paga el precio.
