El Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. bloqueó la construcción sobre tierra del salón de baile que Trump planea levantar en el Ala Este de la Casa Blanca. La decisión fue 2 a 1. El tribunal exigió aprobación del Congreso para continuar.
Trump anunció en redes sociales que llevará el caso a la Corte Suprema. Su argumento arranca desde la disidencia. La jueza Neomi Rao, nombrada por Trump en su primer mandato, sostuvo que los demandantes no tienen legitimación procesal para bloquear el proyecto.
Los demandantes son la National Trust for Historic Preservation. Construyeron su caso alrededor de Alison Hoagland, miembro de la organización que vive cerca de la Casa Blanca y visita el área aproximadamente una vez al mes. Hoagland argumentó que el tamaño y diseño del salón afectaría su disfrute estético del lugar.
Rao no lo vio así. Según la jueza, la organización no demostró el tipo de daño necesario para invocar la autoridad de los tribunales. «El tribunal de distrito elevó el disgusto estético de un paseante ocasional por encima de los intereses de seguridad del gobierno», escribió Rao.
El exfuncionario del Departamento de Justicia Abhishek Kambli coincidió con ese análisis. Habló con Fox News Digital. Señaló que, aunque el Congreso creó la National Trust, eso no la exime de demostrar que su demanda es pertinente a sus propios intereses. «El Presidente's Park, donde se ubica el salón, no es una de sus propiedades», dijo Kambli. Agregó que sostener ese argumento ante el Supremo «va a ser muy difícil», dado que ese tribunal es estricto en materia de standing y su composición actual lo hace más afín a la postura de Rao.
El proyecto incluye una fortaleza militar subterránea ya en construcción. El salón de baile de 400 millones de dólares, financiado con fondos privados, iría encima. Trump argumentó que dejar el sitio como una obra abierta representa un riesgo de seguridad para futuros presidentes.
Que no te lo cuenten. El fondo del caso no es estético: es quién manda sobre la seguridad del ejecutivo. Una organización sin título de propiedad sobre el terreno pretende vetar una decisión del presidente con el argumento de que un paseo mensual le da derecho a hacerlo. El aparato judicial progresista convirtió el «daño estético» en palanca de bloqueo político. El Supremo tiene ahora la oportunidad de cerrar esa puerta. Si los expertos tienen razón sobre el standing, el relato se cae solo, y la burocracia del patrimonio histórico se queda sin munición.
