Estados Unidos deportó a al menos 25.447 personas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026, según una investigación de Forbidden Stories junto con un consorcio de periodistas internacionales.
La operación se hizo mediante acuerdos secretos con 35 países para recibir a migrantes que no pueden ser devueltos legalmente a sus lugares de origen. Desde que Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, Washington firmó pactos con países en desarrollo para recibir expulsados de EE. UU. sin vínculos con esas naciones.
La investigación señala que el gobierno destinó 410 millones de dólares para entregarlos directamente a los países receptores o a organismos de la ONU para facilitar las deportaciones. De ese total, 81 millones de dólares estaban destinados a los gobiernos signatarios, mientras que más de 178 millones de dólares fueron para la Organización Internacional para las Migraciones y 123 millones de dólares para ACNUR.
La gran mayoría, unas 20.000 personas, fue enviada a México. El resto se distribuyó entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Además, se finalizaron acuerdos con otros siete países.
El informe también detalla que una división poco conocida del Departamento de Estado, la Oficina de Remigración, creada en mayo de 2025, gestionó la mayor parte de las negociaciones y los pagos. La oficina está dirigida por Christian Jove Ehrhardt, un diplomático de 41 años que antes trabajó como oficial de seguridad.
Entre los casos citados aparece Camerún, que en diciembre firmó un memorando de entendimiento con EE. UU. para aceptar deportados. Una semana después, también firmó un programa de asistencia sanitaria de cinco años por casi 400 millones de dólares. Al mes siguiente, el Departamento de Estado dijo que daría otros 30 millones de dólares a ACNUR en Camerún para «facilitar el retorno voluntario de refugiados y combatir la inmigración ilegal».
También figura Palau, que firmó en diciembre de 2025 un acuerdo para aceptar hasta 75 ciudadanos de terceros países a cambio de 7,5 millones de dólares. Hasta ahora, solo tres personas fueron enviadas bajo ese pacto. En Esuatini, 32 personas llegaron desde julio de 2025, de un total potencial de 160 contemplado en un acuerdo valorado en más de 5 millones de dólares.
Abogados citados por la investigación dijeron que los deportados estaban siendo arrojados a un «limbo legal», retenidos sin cargos en países con los que no tienen vínculos y donde cuentan con pocos derechos, si es que tienen alguno.
La doble vara es evidente. El gobierno de Trump vende orden, pero opera con acuerdos secretos, presión diplomática y dinero del contribuyente. No hay transparencia cuando el aparato estatal convierte la deportación en una industria paralela.
Que no te lo cuenten. Cuando el Estado paga para mover personas como carga política, el costo no lo asume la burocracia. Lo pagan los contribuyentes. Y la factura incluye opacidad, dependencia de organismos internacionales y menos control sobre una política migratoria que debería regirse por ley, no por atajos.
