El gobierno de Donald Trump quiere que los migrantes sigan pagando las consecuencias de su estancia irregular en Estados Unidos aun después de haber sido deportados.
Su política migratoria ahora incluye buscarlos en México, Guatemala y Honduras para reclamarles multas pendientes. Para eso contrató a cuatro empresas privadas: Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group. Cada una obtuvo contratos por hasta nueve millones de dólares, con un presupuesto máximo total de 36 millones de dólares.
La operación fue encargada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Las adjudicaciones fueron reportadas en agosto y contemplan dos años de servicios. El expediente identifica a 66 mil 387 personas expulsadas con multas o sanciones pendientes y menciona un monto estimado de 423 millones de dólares en cargos administrados por el Departamento de Seguridad Nacional.
Pero el punto débil es evidente. Los contratos obligan a las empresas a respetar las leyes del país donde reside el deudor y les prohíben representar judicialmente a Estados Unidos. Pueden ubicar a un deportado y entregarle una multa. No pueden quitarle su vivienda, descontarle dinero del salario o retirar fondos de una cuenta bancaria local.
Para cobrar por la fuerza sobre esos bienes, Washington necesitaría una vía legal admitida por el país correspondiente. Los documentos disponibles no explican cómo conseguiría hacerlo. De hecho, el Departamento del Tesoro reconoce que si el deportado tiene todos sus recursos en su país y rechaza pagar, localizarlo no basta para recuperar la deuda.
Las compañías cobrarán por verificar que encontraron a la persona correcta y que le comunicaron la reclamación. Su remuneración no depende de recuperar la multa. Esa estructura deja un incentivo extraño: el gobierno puede gastar dinero de los contribuyentes en una operación de rastreo sin garantía real de cobro.
Iván González fue directo: «No le veo lógica a este sistema de aparente recuperación de dinero que va a tener un costo para los contribuyentes» de Estados Unidos.
También hay un problema práctico. El sistema previsto exige una cuenta estadounidense, y cuando las compañías preguntaron qué alternativa habría, la autoridad reconoció que no tenía otra. Además, algunas cartas ya habrían llegado a deportados mexicanos en México, según Juan Cuellar Torres, de Iniciativa Kino para la Frontera.
El relato oficial suena a firmeza migratoria. En la práctica, parece otra pieza de burocracia cara, con pocas herramientas reales para cobrar fuera de su jurisdicción. Que no te lo cuenten: cuando el Estado extiende su brazo más allá de la ley, el que termina pagando suele ser el contribuyente.
Y hay otra doble vara. Se endurece la persecución contra personas ya deportadas, pero no se aclara quién vigilará a los cobradores ni cómo podrán denunciarse abusos. El resultado es un programa con costo seguro y recuperación incierta. Eso no es eficiencia. Es aparato estatal gastando más para prometer menos.
