El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva. Su título: Restoring Trust in the Smithsonian Institution. Su objetivo: colocar señales fuera del Museo Nacional de Historia Americana que adviertan a los visitantes sobre lo que su administración considera información «inexacta».
La orden dirige al Departamento del Interior a instalar esos carteles. También a indicar dónde encontrar, según la Casa Blanca, «información precisa sobre la historia de América». El costo de las señales y los cambios en los exhibidores corre a cargo del Interior.
El detonante fue un informe del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, publicado el 4 de julio. El documento acusó al museo de practicar «activismo político extremo, enraizado en el marxismo». Afirmó que la dirección del museo «ve la historia americana como una herramienta para avanzar ideas de justicia social y la transformación radical de la sociedad». Esas palabras quedaron incorporadas literalmente en el texto de la orden ejecutiva.
Hay un límite legal claro. El Smithsonian opera de forma independiente del Ejecutivo. Trump no puede remover a su dirección ni cambiar sus exhibiciones por decreto. Lo que sí controla es la acera. La National Park Service administra los espacios públicos frente al museo. Ahí es donde llegan las señales.
La directora del museo, Anthea M. Hartig, testificó ante el Congreso esta semana. Dijo que el informe «no caracteriza de manera justa ni precisa el cuerpo completo de trabajo del museo». Agregó que siempre hay margen de mejora, pero defendió las colecciones y la programación.
La congresista Melanie Stansbury, miembro de la Comisión de Administración de la Cámara, calificó la orden de «interferencia política clara, impulsada por una agenda ideológica». Escribió en X que el Smithsonian «pertenece al pueblo americano, no al presidente».
El museo recibe entre 15 y 30 millones de visitantes al año. Ofrece entrada gratuita. Opera 21 museos en Washington, Virginia y Nueva York. Su financiamiento proviene en gran parte del gobierno federal.
Esta no es la primera movida de Trump contra la institución. En marzo firmó otra orden ejecutiva que le instruía a «eliminar ideología impropia, divisiva o antiamericana».
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Aquí está el nudo del asunto. El Smithsonian vive del dinero del contribuyente. Recibe fondos federales. Y sin embargo sus curadores deciden solos qué relato se instala en las salas. Eso no es independencia académica. Es un monopolio cultural financiado con impuestos.
Trump no puede entrar a cambiar las vitrinas. Nadie lo discute. Pero sí puede plantar una señal en la acera que diga: «Lo que hay adentro tiene otra versión». Que no te lo cuenten como censura. Es exactamente lo contrario: más información, no menos. El relato oficial del museo no desaparece. Solo deja de estar solo.
