El presidente Donald Trump visitó General Motors en Milford, Míchigan, y con esa visita volvió a poner sobre la mesa una disputa de 17 años que podría costarle al Tesoro de Estados Unidos alrededor de 1.000 millones de dólares.
El 24 de junio, Trump pidió formalmente al Congreso que restaurara las pensiones de los exempleados asalariados de Delphi, antigua filial de General Motors. Unos 5.700 de los 20.000 participantes en el plan de pensiones salarial vieron sus beneficios reducidos porque sus montos superaban el techo de garantía del Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) o incluían suplementos de retiro anticipado que la aseguradora federal no cubre.
El nudo del conflicto viene de 2009. Cuando la administración Obama supervisó la quiebra de GM, aprobó un plan de reestructuración que protegió a los empleados sindicalizados —cuyos pasivos de pensión fueron absorbidos por GM en virtud de acuerdos negociados con los sindicatos— pero dejó fuera a los trabajadores no sindicalizados. El congresista Mike Turner (R-OH) sostiene que el gobierno federal «eligió ganadores y perdedores».
La propuesta concreta: transferir aproximadamente 1.000 millones de dólares del Tesoro al PBGC para cubrir la diferencia. Los abogados de los exempleados argumentan que trabajadores con trayectorias similares en la misma empresa no deberían jubilarse con beneficios radicalmente distintos según su afiliación sindical.
Pero no todos los republicanos están a bordo. La representante Virginia Foxx (R-NC) advirtió durante el debate en la Cámara que «más rescates de pensiones sientan un precedente nefasto». Su argumento es directo: el PBGC fue diseñado por el Congreso para asegurar pensiones hasta límites estatutarios, no para garantizar cada promesa que un empleador haga. Si se completa este plan, dijo Foxx, el Congreso enfrentará presión para hacer lo mismo con los otros 5.000 planes terminados y con cada plan futuro. «Por si alguien lo olvidó, trabajamos para los contribuyentes de este país», remató.
Antes de que Trump interviniera, la representante demócrata Kristen McDonald Rivet introdujo legislación para restaurar las pensiones; no prosperó. Posteriormente, legisladores de Míchigan de ambos partidos coautoría ron una propuesta más acotada para extender créditos fiscales de salud a los jubilados afectados.
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Aquí hay un principio en tensión que no se puede ignorar: el Estado metió la mano en la quiebra de GM en 2009, y al hacerlo eligió a quién proteger. Esa intervención —no el mercado— creó la injusticia que hoy reclaman los asalariados de Delphi. El argumento de Foxx es fiscalmente sólido: el aparato estatal no puede comprometerse a tapar cada agujero que él mismo abrió sin convertir al contribuyente en el pagador permanente de decisiones políticas pasadas.
Pero la doble vara también es real: los sindicatos obtuvieron sus pensiones completas porque el gobierno negoció con ellos por mandato legal; los no sindicalizados, sencillamente, no tenían quién negociara. Si el Congreso cierra los ojos ante esa asimetría, no estará defendiendo al contribuyente: estará ratificando que el favor político del momento vale más que el trabajo de toda una vida. Que no te lo cuenten.
