Donald Trump aseguró este martes que confía en que el Congreso aprobará con facilidad su propuesta de enviar un cheque por 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano gana las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
«Saldrá adelante muy fácilmente», dijo Trump fuera de la Casa Blanca, al responder cómo lograría que el Congreso avale su plan, al que bautizó como «Dividendo Trump».
El presidente comparó la iniciativa con los 1.776 dólares de compensación para las Fuerzas Armadas y aseguró que, al igual que en el caso del «fraude de Obamacare», están devolviendo el dinero a la gente después de que Obama los estafara, según su versión.
Pero la cuenta no cierra sola. La promesa enfrenta obstáculos presupuestarios y legislativos, y el desembolso superaría el billón de dólares, alrededor de un sexto de todo el gasto presupuestario anual de Estados Unidos. Además, el presidente no puede disponer unilateralmente de esos fondos: tendría que autorizarlo el Congreso.
Trump reconoció que el costo rondará esa cifra, un monto que aumentaría el creciente déficit de Estados Unidos. Aun así, dijo que el gasto se compensaría con promesas de inversión en el país que calcula en «21 billones de dólares», una cifra que, según la información disponible, nadie además de él ha estimado o confirmado.
La discusión de fondo no es si el presidente puede vender la medida como una victoria política. La pregunta real es quién paga la fiesta. Porque cuando el aparato estatal reparte cheques con dinero de los contribuyentes, la factura no desaparece: se traslada, se posterga o se infla.
Otra vez la doble vara. Se presenta como alivio al ciudadano lo que en realidad puede convertirse en una transferencia gigantesca de recursos, con más déficit y más dependencia del poder político. Si el Congreso acepta, no será una muestra de prudencia fiscal, sino otro recordatorio de cómo Washington usa el bolsillo ajeno para comprar aplausos.
