A pocas semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos, una coalición de organizaciones civiles y autoridades locales llevó a Trump a un nuevo frente judicial. El objetivo es claro: impedir que agentes armados del ICE aparezcan en centros de votación, lugares de voto anticipado, buzones de boletas y sitios de conteo.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Washington D.C. por LULAC, Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver. También apunta contra el DHS, el ICE y sus responsables, Markwayne Mullin y David Venturella.
Los demandantes dicen que la llamada «Política de Centros de Votación» permitiría a agentes federales ingresar para tareas de control migratorio, incluida la ejecución de órdenes de arresto. Y sostienen que eso puede generar temor entre los votantes, afectar la participación y abrir la puerta a intimidación.
El punto más sensible está en una frase de Mullin. El secretario del DHS afirmó que el ICE no está para patrullar centros de votación, pero dejó abierta la posibilidad de actuar si existe una amenaza o si deben ejecutar una orden judicial. «Si estamos ejecutando una orden, estaremos donde tengamos que estar», dijo, según los argumentos de la demanda.
La coalición invoca una ley federal aprobada en los últimos meses de la Guerra Civil. Según los demandantes, esa norma prohíbe desplegar o mantener fuerzas o personal armado federal en lugares donde se celebren elecciones, salvo para enfrentar enemigos armados de Estados Unidos.
También alegan que la política fue adoptada de manera arbitraria y que excede las facultades del Poder Ejecutivo. No es un matiz técnico. Es una discusión sobre si el aparato federal puede cruzar la línea entre hacer cumplir la ley y meter miedo en el acto más básico de una república: votar.
Las organizaciones citan dos episodios de este año para mostrar que el riesgo no es teórico. En mayo, según ellas, agentes armados rodearon el estacionamiento de un centro de votación activo en San Antonio. En junio, aseguran que agentes del ICE ingresaron a un centro de votación en Syracuse para interrogar a una voluntaria electoral.
La Administración Trump niega que exista un plan concreto para desplegar al ICE en estos lugares. Pero dejó abierta la posibilidad en casos específicos. Y eso basta para encender la alarma.
Porque cuando el Estado se vuelve ambiguo con las reglas del voto, el ciudadano común paga el costo. La burocracia no debería jugar a la intimidación en la puerta de las urnas. Si la confianza electoral importa, entonces también importa que nadie vea armas donde debería haber libertad. Que no te lo cuenten.
