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Trump recorta casi US$1000 millones en gasto para inmigrantes y choca con el Congreso

La Casa Blanca dice que la medida elimina gasto «superfluo y perjudicial» y que protege al contribuyente estadounidense. Susan Collins la rechazó y habló de una «usurpación» de facultades presupuestarias.
Imagen generada con IA
lunes 28 de septiembre de 2026

La administración Trump anunció una rescisión presupuestaria de casi US$1000 millones en gasto federal aprobado por el Congreso. El recorte impacta programas de apoyo para refugiados, asilados, menores no acompañados y familias migrantes.

La Casa Blanca informó la medida mediante un comunicado y aseguró que busca eliminar gastos «superfluos y perjudiciales» que no benefician a los ciudadanos estadounidenses. También sostuvo que las políticas de control fronterizo redujeron los cruces irregulares, lo que genera un exceso de fondos no necesarios en las cuentas gubernamentales.

Según el documento de la Casa Blanca, hay cinco programas afectados. Entre ellos figuran US$15 millones de subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional para brindar asistencia básica a no ciudadanos mientras permanecían en el país sin supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La medida también elimina hasta US$10 millones para ONGs de servicios legales que ayudaban a inmigrantes indocumentados en sus trámites migratorios. Entre las entidades afectadas se encuentran National Partnership for New Americans, Instituto del Progreso Latino, Immigration Institute of the Bay Area y Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition.

Además, se rescinden fondos de los Programas Especiales para Estudiantes Migrantes del Departamento de Educación. También se cancelan US$56 millones en asesoría de vivienda a ONGs comunitarias como UnidosUS y la National Urban League, y se retiran US$1,2 millones dedicados a estudiar disparidades en la salud mental de jóvenes con dominio limitado del inglés.

La medida fue rechazada por la senadora Susan Collins, republicana por Maine y presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara Alta. Dijo que la Casa Blanca actuó sin consulta previa y afirmó que va a trabajar con sus colegas para abordar «acciones ilegales». También señaló que «el retraso en sí mismo no solo constituye una retención de fondos que no se informó al Congreso, sino que también es una usurpación de sus facultades en materia de asignaciones presupuestarias».

El fondo del asunto es simple: Trump puso el foco en el dinero de los contribuyentes y en el tamaño del aparato estatal. Para su base, eso es lo correcto: menos subsidio, menos burocracia y más control del gasto.

Pero el choque con el Congreso muestra otra batalla central en Washington: quién decide sobre la plata pública. Otra vez la doble vara. Cuando el Estado reparte, lo llaman ayuda; cuando se recorta, hablan de crisis institucional. Que no te lo cuenten.

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