El dinero de los contribuyentes regresa a donde siempre debió estar.
La administración Trump anunció el martes la adjudicación de 1.730 millones de dólares en subvenciones de infraestructura a través del Departamento de Transporte, destinados a reparar carreteras, puentes y puertos. El vehículo es el programa BUILD —Better Utilizing Investments to Leverage Development—, el mismo que la era Biden convirtió en laboratorio ideológico bajo el nombre RAISE: Rebuilding American Infrastructure with Sustainability and Equity.
Los números hablan solos. Según el Departamento de Transporte, alrededor del 77% del total (unos 1.300 millones) irá a carreteras y puentes en arterias de transporte críticas. Otro 7% reforzará la infraestructura marítima del país. Bajo Biden, apenas el 2% llegaba a proyectos portuarios, mientras que cerca del 20% se destinaba a carriles bici y proyectos peatonales. Esta vez: cero dólares para carriles bici.
«América tiene la suerte de contar con un Constructor en la Casa Blanca que sabe que América es tan grande como su infraestructura», declaró el secretario de Transporte Sean Duffy al Daily Wire. «Por eso este Departamento invierte en reparar carreteras y puentes críticos que conectan a los americanos con oportunidades de empleo, infraestructura portuaria que refuerza nuestra seguridad nacional, y proyectos de aviación y tránsito que mueven a las familias americanas».
El contraste con la gestión anterior no podría ser más nítido. En noviembre de 2021, el entonces secretario Pete Buttigieg declaró que el programa se centraría en «equidad» y en combatir el «cambio climático». En 2023, la administración Biden pedía a los solicitantes de subvenciones que consideraran cómo sus proyectos podían «abordar el cambio climático, garantizar la equidad racial y eliminar barreras a las oportunidades». Ese mismo año, Buttigieg restableció un Comité Asesor sobre Equidad en el Transporte para «institucionalizar la equidad» en los programas de la agencia. Un informe del New York Post reveló el año pasado que más de 80.000 millones de dólares fueron asignados a proyectos relacionados con DEI durante los cuatro años de Buttigieg al frente del departamento.
Tras asumir el cargo, Duffy ordenó a los funcionarios del departamento revocar todas las políticas vinculadas a DEI o al cambio climático.
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El relato se cayó solo. Durante cuatro años, la burocracia de Washington vendió carriles bici en nombre de la «justicia racial» como si fueran política de transporte. El resultado: puentes deteriorados, puertos rezagados y miles de millones quemados en ideología. Lo que Trump y Duffy están haciendo no es revolucionario; es simplemente devolver el dinero del contribuyente a su función original: construir la infraestructura que mueve una economía real.
Eso es lo que diferencia a un gobierno limitado y orientado a resultados de un aparato estatal que confunde el adoctrinamiento con el servicio público. Que no te lo cuenten.
