El Gobierno de Estados Unidos revocó el visado de Maria Luiza Ribeiro Viotti, embajadora de Brasil en Washington, después de que Brasilia retrasara la aprobación de Daniel Pérez como representante diplomático estadounidense en la capital brasileña. La confirmación llegó desde un portavoz del Departamento de Estado a la agencia Bloomberg.
La medida no implica expulsión. El propio Departamento de Estado aclaró que el visado de Ribeiro Viotti será restituido en cuanto Brasil dé luz verde a Pérez. Es decir: presión calculada, no ruptura.
El origen del conflicto tiene su propia ironía burocrática. La Administración Trump solicitó la autorización para nombrar a Pérez, pero lo hizo un mes después de haber anunciado públicamente el nombramiento. Eso, según el diario brasileño Folha do São Paulo, generó malestar en el Palacio de Planalto. Un trámite mal gestionado en los tiempos se convirtió en pretexto para una demora que Washington no estaba dispuesto a dejar pasar sin respuesta.
El episodio se produce apenas días después de que Brasil negara el visado a dos funcionarios del Departamento de Estado que, según Washington, viajaban al país para debatir sobre libertad de expresión en el contexto electoral. Sin embargo, The Washington Post reveló que los subsecretarios Riley M. Barne y Samuel D. Samson tenían previsto cuestionar el sistema de voto electrónico brasileño antes de los comicios de octubre. Brasilia cortó el paso. Washington contestó.
El patrón es claro: el gobierno de Lula lleva semanas usando el mecanismo de visados como palanca frente a Washington, y la Administración Trump decidió aplicar la misma lógica en sentido inverso. Tit for tat diplomático, con las elecciones brasileñas de octubre como telón de fondo.
Desde la línea de Contrafuego, lo que este episodio revela es el costo de mantener un aparato diplomático que mezcla la arrogancia procesal —anunciar un embajador antes de pedir el agrément— con la ingenuidad de creer que Brasilia no respondería. Trump corrigió el rumbo con una medida quirúrgica: sin escalar al nivel de expulsión, pero enviando un mensaje inequívoco. El gobierno de Lula, que lleva meses tensando la cuerda con Washington mientras abraza narrativas que cuestionan la integridad electoral en otros países, acaba de descubrir que la doble vara tiene un límite. Que no te lo cuenten.
