Katie Zacharia deja su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca después de solo cinco días, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca a CNBC. Trump dijo a reporteros que le sugirió renunciar y luego abrió la puerta a que salga del puesto.
«Katie, ¿esto es para ti?», dijo Trump que le preguntó fuera de la Casa Blanca. «Si yo fuera tú, lo reconsideraría», agregó el presidente sobre el consejo que le dio.
La salida llega tras una primera comparecencia breve y tambaleante, que terminó el martes después de que respondiera preguntas de solo tres reporteros. CNBC informó que Zacharia enfrentó críticas generalizadas por su desempeño y un escrutinio creciente sobre sus antecedentes legales. Variety también señaló que había tenido una semana brutal tras ser nombrada el 9 de octubre.
Trump, por su parte, defendió a Zacharia y acusó a los medios de tratarla «muy mal». Dijo además que incluso Sean Hannity, a quien describió como simpatizante de la administración, fue «un poco duro» con ella durante su aparición del jueves por la noche.
La polémica sobre sus credenciales tampoco ayudó. Zacharia se describió como abogada, pero luego reconoció que no aprobó el examen de barra y no tiene licencia para ejercer la abogacía. Hannity la cuestionó por haber usado la palabra «attorney» en varias publicaciones, y ella respondió: «Creo que eran republicaciones, y corregí el registro».
La frase incómoda es otra: la vocería de la Casa Blanca duró menos que el tiempo necesario para instalar autoridad. Su designación fue anunciada como reemplazo de Karoline Leavitt, pero terminó convertida en un episodio de improvisación, dudas y marcha atrás.
Y ahí está el fondo del asunto. Cuando la comunicación oficial se rompe en cinco días, no solo cae una funcionaria: se erosiona la credibilidad del mensaje presidencial. La burocracia de Washington vive de la forma, pero aquí ni siquiera la forma resistió.
Otra vez la doble vara: el poder pide confianza mientras entrega desorden. Que no te lo cuenten. En una Casa Blanca que quiere vender agenda, el costo político de estas fallas lo paga la institución, y al final lo paga el contribuyente que financia el espectáculo.
