Donald Trump firmó el jueves una serie de decretos dirigidos contra la ciudadanía por nacimiento, apenas un mes después de que la Corte Suprema rechazara su intento anterior de restringir esa práctica.
Los nuevos decretos amplían las definiciones de las personas que no pueden optar a la ciudadanía por nacimiento y prohíben expresamente el llamado «turismo de maternidad»: el negocio que consiste en el viaje de mujeres embarazadas a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en el país y obtengan la ciudadanía estadounidense.
Trump lo dejó claro ante la prensa: su objetivo es acabar con ese mercado. No es retórica nueva, pero ahora viene con decreto en mano y un marco legal reformulado tras el revés judicial de junio.
El obstáculo constitucional es real. La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, y el Tribunal Supremo ya invalidó una orden ejecutiva anterior de Trump que pretendía limitar ese derecho. Los nuevos decretos enfrentarán, con toda probabilidad, el mismo escrutinio judicial.
Lo que está sobre la mesa no es menor: si los tribunales vuelven a bloquear la iniciativa, el único camino viable sería una enmienda constitucional, un proceso que requiere mayorías que hoy no existen en el Congreso.
El relato se cayó solo cuando la Corte Suprema frenó la primera orden. Pero Trump no retrocede: reformula, reencuadra y vuelve a presentar batalla. Eso, guste o no, es coherencia política.
Desde la línea editorial de Contrafuego, el fondo del debate importa más que el ruido procesal. Un Estado que no controla quién adquiere su ciudadanía —y bajo qué condiciones— renuncia a uno de los atributos básicos de la soberanía. El turismo de maternidad no es una abstracción: es una industria que explota una laguna jurídica para transferir derechos a quienes nunca tuvieron vínculo real con el país. Que la burocracia judicial lo ampare invocando la Constitución no lo convierte en justo ni en sostenible. La pregunta que nadie en el progresismo institucional quiere responder es sencilla: ¿tiene algún límite el derecho a la ciudadanía, o cualquier intento de ponerle condiciones es automáticamente inconstitucional? Trump fuerza esa conversación. Que no te lo cuenten.
