El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, dijo a The Daily Wire que, si la vivienda asequible fuera un partido de fútbol, Estados Unidos estaría «entrando en el cuarto cuarto».
«Terminando el tercero, comenzando el cuarto», afirmó. «Vamos a entrar al cuarto cuarto con mucha fuerza y con un gran plan de juego. Terminaremos fuertes y ganaremos para el pueblo estadounidense».
Ese plan, según Turner, descansa en el sector privado. «El sector privado es la respuesta. El gobierno federal es un gran facilitador del talento, un gran convocante de personas, pero las respuestas y soluciones están en el sector privado», dijo.
Esa idea se vio esta semana en la Innovative Housing Showcase de HUD, en el National Mall, donde constructores presentaron diseños orientados a bajar los costos de la vivienda. Entre ellos estuvo Grande Arbor, de Cavco, que la empresa describe como la primera vivienda manufacturada con código HUD construida sin un chasis permanente de acero.
Ese diseño marcó una ruptura con un requisito federal vigente desde 1974, que exigía que las viviendas manufacturadas se construyeran sobre un chasis permanente. El armazón de acero ayuda a transportarlas y queda debajo de la casa después de la instalación. Los críticos sostuvieron que, como menos del 5-7% de estas viviendas se mueve después de colocarse, había que eliminar ese requisito, que podría ahorrar entre $5,000 y $10,000 por vivienda. En algunas casas móviles, eso representa un ahorro de 10% o más para el comprador.
Turner había defendido públicamente cambiar esa exigencia y pidió a HUD trabajar con el Congreso para dar más flexibilidad a los fabricantes. Finalmente, el Congreso eliminó el mandato mediante la ley bipartidista 21st Century ROAD to Housing Act, que se convirtió en ley en julio. Para Turner, ese cambio refleja su estrategia más amplia: dar más espacio a los constructores para innovar y menos requisitos del gobierno para edificar.
Otros exhibidores se concentraron en hacer más eficiente la construcción. El University of Tennessee-Oak Ridge Innovation Institute presentó un programa de inteligencia artificial pensado para ayudar a los gerentes de obra a vigilar los sitios de trabajo. El sistema permitía identificar trabajadores, herramientas como martillos y equipo de seguridad, incluidos chalecos y cascos.
El posible beneficio, según representantes del instituto, es menos tiempo en monitoreo manual y una detección más temprana de riesgos de seguridad que podrían causar lesiones y retrasos costosos. Con el tiempo, un mejor historial de seguridad también podría ayudar a los constructores a reducir sus costos de seguro.
Otra compañía mostró una forma de desplegar rápidamente viviendas en comunidades afectadas por desastres naturales o en zonas donde grandes proyectos, como centros de datos, generan escasez de casas para trabajadores. Uplift, fundada por Charlie Nitschelm y Trevor O’Leary, construye viviendas de sesenta pies cuadrados listas para ser instaladas. Están diseñadas con bolsillos especiales para poder levantarlas con una carretilla elevadora estándar de 5,000 libras.
Nitschelm dijo que Uplift podría ayudar a aliviar la crisis de asequibilidad al alojar a los trabajadores necesarios para construir más viviendas. También señaló que podría servir para vivienda laboral y para personas que intentan construir en zonas rurales donde «no hay vivienda».
La lectura política es clara: cuando el aparato estatal deja de encadenar a constructores y fabricantes con reglas rígidas, aparecen soluciones más baratas y rápidas. El problema no es falta de ideas; es exceso de burocracia.
Otra vez la doble vara: durante años se vendió la intervención federal como respuesta obligada, pero aquí la mejora llega cuando el gobierno cede espacio a la libre empresa. Que no te lo cuenten: si el objetivo es más vivienda, el camino más corto suele pasar por menos trabas, no por más papel.
