UCLA quedó marcada esta semana por un acto que muchos verán como una provocación innecesaria. La universidad celebró un simposio sobre terrorismo en el 25 aniversario del 11 de septiembre. Entre los invitados hubo críticos radicales de la política antiterrorista de Estados Unidos y un abogado de Khalid Sheikh Mohammed.
Mohammed es señalado en la fuente como el cerebro de los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono. También es identificado como el terrorista que decapitó al reportero Daniel Pearl en Pakistán en 2002. El padre de Pearl, Judea Pearl, enseña ingeniería en UCLA. Eso vuelve el episodio todavía más ofensivo.
La reacción llegó desde la propia universidad. Julio Frenk, rector de UCLA, condenó el evento y dijo: «Rechazamos el antisemitismo y el terrorismo en todas sus formas, y creemos que nuestro campus debe ser un lugar donde se respete la dignidad de cada miembro de nuestra comunidad».
La fuente también recuerda que UCLA ya estaba bajo presión por tolerar el antisemitismo en el campus, especialmente durante el llamado «encampment» de 2024. Allí, según la fuente, estudiantes antiisraelíes y pro-Hamas ocuparon un área pública, levantaron barricadas y bloquearon a estudiantes judíos para ir a clases o a sus dormitorios si no repudiaban su «sionismo» y no denunciaban a Israel. También, según la fuente, agredieron a periodistas que intentaron filmar el campamento.
El problema de fondo es más grande que un mal juicio universitario. Cuando una institución pública convierte la provocación en doctrina y la llama «libertad académica», manda un mensaje claro: el respeto a las víctimas, la convivencia y el sentido común quedan al final de la fila.
Que no te lo cuenten. El dinero de los contribuyentes sostiene estas burocracias académicas, y demasiadas veces esas mismas burocracias usan ese privilegio para atacar a la nación que las financia. Otra vez la doble vara: tolerancia para el radicalismo, desprecio para quienes piden orden, memoria y límites.
