Un bar lésbico de Massachusetts intentó respirar sin mascarilla una noche por semana y terminó atrapado en su propia tormenta cultural.
Last Ditch Bar and Arts Venue, en Greenfield, había exigido a sus clientes usar una KN-95 bien ajustada «o mejor» en todo momento. En agosto, sus dueños decidieron volver opcional el uso de mascarilla los sábados por la noche para tratar de atraer más gente.
El anuncio, publicado en Instagram el 31 de agosto, decía: «It is with love we inform our immunocompromised disabled divas we will be opening Saturday nights as mask optional». La reacción fue inmediata. La publicación superó los 730 comentarios y muchos fueron furiosos.
Algunos acusaron al local de ser cómplice de «a mass disabling event». Otro usuario escribió que «people like you kill disabled people in the name of your own leisure and convenience». Un tercero incluso dijo que esperaba que el local fuera «firebombed» por supuestamente quitarles a personas inmunocomprometidas sus planes de sábado.
El bar ya venía golpeado en lo financiero. Sus dueños se habían atrasado con las cuentas y no podían pagarse a sí mismos ni a quienes trabajaban allí. En ese contexto, la decisión de flexibilizar la regla parecía simple: abrir la puerta a más clientes sin KN-95. Pero para una parte de su base, eso fue demasiado.
La presión creció tanto que Last Ditch se disculpó dos días después por su «passive and dismissive tone» hacia «the most intersectional of us». Esa disculpa abrió otro frente: el post no tenía texto alternativo para personas con discapacidad visual, y las críticas se multiplicaron.
La pelea terminó en una reunión comunitaria el 11 de septiembre para discutir la controversia y los problemas financieros del bar. Asistieron unas 10 personas en persona y entre 10 y 15 por Zoom. La sesión se fue al barro: el chat del Zoom empezó a convertirse en una cadena de quejas que luego leían en voz alta.
Cuando habló una terapeuta con licencia que oficiaba de mediadora, un crítico la acusó de «center[ing] the feelings of a majority white and white adjacent staff». Otros cuestionaron incluso su presencia por ser una posible «mandated reporter». Luego habló Jackie Matellian, la única dueña que quedaba.
«It was not my passion project», dijo. Más tarde, llorando, agregó: «I never really wanted to do this. I don’t think I’m doing a very good job».
Matellian, según el Boston Globe, dijo a los presentes que su puntaje de crédito estaba destruido, que había vivido en su camioneta durante seis meses mientras metía dinero en el bar y que estaba trabajando en cuatro empleos. Mientras tanto, el arrendador le exigía $3,900 de alquiler atrasado.
En la noche sin mascarilla que documentó el Globe, el resultado tampoco ayudó: la pista de baile estaba vacía, apenas unas pocas personas se quedaron cerca de la barra y el local ofrecía tragos de $10 y DJs, pero la multitud nunca apareció.
El último dato es el más claro de todos: cuando un negocio necesita clientes para sobrevivir, convertir cada decisión en una cruzada ideológica suele salir caro. La burocracia del activismo puede llenar comentarios en Instagram; no paga la renta ni rescata una caja en rojo.
Otra vez la doble vara. El relato exige «inclusión» y «accesibilidad» mientras castiga a quien intenta mantener abierto el local. Que no te lo cuenten: aquí no hubo una victoria cultural, sino el retrato de cómo la militancia puede devorar a una empresa pequeña antes de que llegue el mercado a salvarla.
