Un hombre llegó a una vivienda en el barrio El Amparo, localidad de Kennedy. Entró. Disparó sin mediar palabra. Un bebé de un año murió. Dos adultos quedaron heridos.
La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó los hechos del domingo 19 de julio. La hipótesis preliminar apunta al tráfico de estupefacientes. Ningún detenido hasta el momento. Las autoridades analizan cámaras y reconstruyen el recorrido de los responsables, que escaparon en motocicleta.
Hasta ahí, los hechos. Lo que vino después fue política.
El senador Walter Rodríguez, conocido en redes como «Me Dicen Wally», publicó en X su reacción al crimen. No fue un llamado a capturar a los asesinos. Fue una declaración de guerra contra el porte de armas. «Me opondré a cualquier iniciativa de este tipo», escribió. «La seguridad no se consigue convirtiendo cada situación en un potencial enfrentamiento armado».
El congresista no mencionó ningún proyecto específico. Tampoco señaló a sus promotores. Pero dejó clara su postura: ninguna iniciativa que amplíe el acceso civil a armas pasará sin su oposición.
El problema con ese argumento es el que siempre se omite. El sicario no esperó un permiso legal. Llegó armado. Disparó. Escapó. Las víctimas no tenían cómo defenderse. Esa asimetría es la que el relato oficial prefiere no discutir.
Colombia tiene uno de los índices de violencia más altos de la región. El monopolio estatal sobre las armas no ha producido seguridad. Ha producido ciudadanos desarmados frente a criminales que no obedecen ninguna ley. El aparato estatal falla en capturar a los asesinos, y la respuesta del legislador es asegurarse de que las víctimas tampoco puedan defenderse.
Que no te lo cuenten.
El caso de Kennedy no demuestra que las armas sean el problema. Demuestra que el Estado colombiano no controla sus calles. Usar el asesinato de un bebé para cerrar el debate sobre la autodefensa es, en el mejor de los casos, una distracción. En el peor, una hipocresía cómoda: la misma clase política que no garantiza seguridad se apresura a garantizar que el ciudadano de a pie tampoco pueda procurársela. El orden que Colombia necesita no se construye desarmando a los honestos. Se construye capturando a los criminales.
